“EL CAMINO PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO: EL APORTE DE ACCIÓN NACIONAL EN 80 AÑOS DE HISTORIA”


Por Comunicación Social publicado 2019-10-29



POR CÁNDIDA NALLELY RIVERA PALACIOS Y ALEXANDRA DANIELA CID GONZÁLEZ
La violencia política en razón de género (VPG) ha estado presente en la cultura y realidad mexicana, en un profundo arraigo que apenas está siendo posible visibilizar[1]. Esta violencia es, incluso antes de que se llamara así.

Es por ello necesario recordar los antecedentes que permitieron primero, reconocer los derechos políticos de las mujeres, para poder comprender después qué es la VPG y qué mecanismos se han implementado para combatirlo en Acción Nacional (AN). Por  mencionar tan solo algunos sucesos de relevancia recordamos que ya desde 1880 se publicó un documento en la revista “Violentas de Anahuac” con la exigencia de igualdad y del reconocimiento del derecho al voto. En 1917 Hermilia Galindo de Topete y Edimira Trejo de Mellón enviaron al Congreso Constituyente un documento en el que pedían que la igualdad de derechos políticos fuera contemplada en la Constitución.

En 1923 se realizó el primer Congreso Nacional Feminista, en el que se pedía igualdad jurídica y civil para que la mujer fuera elegible en los cargos administrativos. Ese mismo año, en San Luis Potosí el gobernador Aurelio Manrique expidió un decreto que concedió a las mujeres del Estado el derecho a votar y ser elegidas en las elecciones municipales, mismo que fue suprimido el siguiente año[2].

En septiembre de 1939 se realizó la Asamblea por medio de la cual se constituyó Acción Nacional. Son ampliamente conocidos los ciudadanos a quienes la historia reconoce como fundadores del partido, sin embargo no reciben el mismo reconocimiento como tales las mujeres que, no solo estuvieron ahí sino que además, organizaron la Asamblea: Conchita Morín Vda. De Gómez, Lidia Torres, Eugenia Mass de Rodríguez, Elodia Delgado, Julia Gallegos de Ortega, Luz S. de Perches, Soledad Arriaga, Elvira Montiel, María P. de Gómez, Ana Salado Álvarez, María Luisa Rolón de Martínez Sotomayor y María Elena Sodi de Pallares y la Pacheco de Acedo[3]. Ellas son y es preciso reconocerlas así: fundadoras del PAN.

Es también en el año de la fundación, que se realizó la primera Asamblea General de la “Sección Femenina” en la cual Amelia Sodi de Sordo Noriega fue nombrada primera presidenta. En el mismo Documento Fundacional del partido se estableció:
  1. “Que la mujer no puede considerarse ajena a los intereses y problemas nacionales, porque también ella debe reconocer las exigencias impuestas por el Bien Común y porque el verdadero patriotismo- que es ante todo conciencia del deber para con la Patria y decisión de cumplirlo- no es patrimonio exclusivo del varón”[4].
Posteriormente la misma fue reformada para constituirse como la Secretaría de Promoción Femenina. Florentina Villalobos al frente de la Sección argumentó en 1980,  que ésta correspondía al tiempo en el que a la mujer no le era reconocida su ciudadanía, por lo que habiéndose esto cambiado se requería ahora promoverla para que participara en la acción política. Más tarde en 1987 Blanca Magrassi Scagno, cambió el nombre a Secretaría de Promoción Política de la Mujer, mismo que se conserva al día de hoy.

Es importante apuntar también que en 1982 el PAN presenta su Plataforma Política para las elecciones en la que se comprometió a respetar la Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer, la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer[5].

Todo lo anterior pretende recordar la historia de un partido que ha estado siempre en favor de propiciar la contribución a la vida política del partido y del país a través de la opinión, perspectiva y participación activa de las mujeres.

En este contexto es importante señalar que fue Acción Nacional el primer partido en promover la igualdad de derechos políticos para la mujer y el hombre, ya que en 1947 se presentó la primera iniciativa de ley para reconocer el derecho al voto federal a las mujeres. Sin embargo es hasta el 17 de octubre de 1953 que este derecho es reconocido[6].

Dos años más tarde, Norma Villarreal de Zambrano fue postulada por Acción Nacional como alcaldesa de Garza García Nuevo León y es hasta 1964, que Florentina Villalobos Chaparro es electa como Diputada Federal por el distrito 02 de Chihuahua en la XLVI Legislatura, siendo así la primera Diputada de oposición y la primer panista en ser electa[7].

El panorama de evolución en el PAN ha sido similar al del entorno nacional, cada generación ha asumido la responsabilidad del impulso de participación de acuerdo con su tiempo y contexto. Paulatinamente se han ido construyendo los mecanismos para lograr que cada vez más mujeres encabecen candidaturas a distintos cargos de elección popular y accedan a los órganos directivos y deliberativos del partido.

En el entorno nacional, recordamos que fue en 1993 que se reformó el Código Electoral Federal para buscar una mayor participación de las mujeres, y aunque no se establecieron consecuencias directas se sentó un primer precedente. 

Posteriormente, en 1996  se reformó el artículo 5° fracción XXII, que determinó que los partidos políticos nacionales deberían considerar  en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedieran del 70 por ciento para un mismo género promoviendo a su vez la participación política de las mujeres[8].

Es en el año 2000 que se logra al fin la alternancia. Acción Nacional gana la elección presidencial y al año siguiente -el 12 de enero de 2001- se crea el Instituto Nacional de las Mujeres. Organismo que impulsa el desarrollo de las mujeres en el país para: “promover la equidad entre hombres y mujeres y erradicar la discriminación hacia las mujeres impulsando una nueva cultura de respeto e igualdad de oportunidades entre unas y otros”[9]. Así mismo, en 2008 el gobierno emanado de AN crea la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (FEVINTRA). Acción Nacional es un partido que desde su fundación le apuesta a la creación y fortalecimiento de Instituciones, como una vía de transformación profunda.
En 2002 con una mayoría panista en el Congreso, se estableció un sistema de cuotas en las candidaturas en las Cámaras de Diputados y Senadores: el 70 por ciento de la titularidad de las candidaturas debía pertenecer al mismo género. La diferencia radicó en la obligatoriedad de la norma, la cual se estableció en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales[10].

Aún quedaba camino por recorrer, pese al sistema recién creado, los vacíos que presentaba la norma fueron aprovechados para postular a las mujeres solo como candidatas suplentes o incluirlas en los últimos lugares de las listas plurinominales, ejerciendo sobre ellas una violencia política en razón de género.

Seis años más tarde, de nueva cuenta con una mayoría de legisladores del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, se estableció una nueva reforma al Cofipe que indicaba que las candidaturas a diputados y senadores debían integrarse por al menos 40 por ciento de un mismo género en la titularidad de las mismas. Mientras que en lo referente a las listas de Representación Proporcional se establecía que se integrarían en segmentos de cinco candidaturas y que cada uno de los segmentos tendría dos de género distinto de manera alternada.

En ese momento la Ley no obligaba a que quien ocupara la posición de propietario y suplente de las candidaturas fueran personas del mismo género. Lo cual permitió el fenómeno de lo que se denominó como el caso de las “Juanitas”, el cual consistió en a solicitud de licencia  para separarse de su encargo de ocho diputadas, siendo relevadas por sus suplentes hombres en siete de los casos, durante la LXI Legislatura[11]. Situación que significó un hito que evidenciaba las nuevas formas de ejercer VPG, mismas que se iban encontrado nuevas formas de manifestarse a medida que la norma cambiaba.
La entonces Senadora María del Pilar Ortega Martínez, describe en la Revista Palabra, que en 2011 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció “en forma categórica el cumplimiento de cuotas de género en candidaturas por el principio de mayoría relativa, que antes de esta resolución no tenía aplicación debido a la interpretación que se daba a la excepción que señala el Código Electoral para el caso de procesos democráticos, para el caso de partidos políticos, para designación de candidaturas”[12].

Este antecedente permite que en 2012 los partidos políticos registraran candidatas de mayoría relativa para la elección del Congreso de la Unión, siendo del mismo género tanto propietarias como suplentes. Teniendo como resultado que la LXII Legislatura se conformara por treinta y siete por ciento de diputadas federales y treinta y cuatro por ciento de senadoras. En 2013 se reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la normatividad electoral, incluyendo a la VPG como una manifestación asociada a la participación política de las mujeres.

En ese mismo año las Senadoras del PAN argumentaron que existía la inequidad en tiempos oficiales, designación de candidatas en distritos perdedores y agresiones de violencia política[13], por lo que exhortaron a las autoridades locales a poner en práctica el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres implementado entre otras Instituciones por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

Fue en la reforma política del 14 de febrero de 2014, en la que se estableció el principio de paridad en candidaturas federales y locales a cargos legislativos establecidos: 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres[14].

En el año de 2016, la Senadora panista María del Pilar Ortega Martínez, presentó un punto de acuerdo en que propuso exhortar a los organismos públicos, a las fiscalías y procuradurías Generales de Justicia, y a los a los tribunales electorales, de las entidades federativas, para que establecieran e implementaran protocolos para Atender la Violencia Política contra las mujeres. Señalando que la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) tenía registrados un total de 141 casos de violencia política de género, de los cuales, en 2015 se atendieron 38, derivados del proceso electoral de 2014-2015, y 2016 se conocieron 103[15].

La creciente participación política de las mujeres provocó que las resistencias a su vez se incrementaran. Los arraigados prejuicios en esta materia evidenciaron que al igual que en otros ámbitos, existían (lo siguen haciendo) estereotipos que encasillaban a las mujeres en actividades tradicionales, permitiendo el trabajo en la base de las organizaciones, pero no en las más altas funciones de toma de decisiones.

Es preciso decir que esta situación no era exclusiva de los procesos constitucionales, sino que también se vivía al interior de los partidos políticos. Acerca de esto no se hablaba, por lo tanto, identificar los casos era muy difícil, aun por parte de las mismas mujeres, víctimas de prácticas violentas tales como: registro fraudulento, renuncias en blanco, registro de mujeres en distritos perdedores, inaccesibilidad a recursos de campaña o mal uso de los mismos y ocultamiento de información[16].
En 2018 el PAN fue el primer partido político en crear un Protocolo de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las Mujeres Militantes del Partido. El cual fue realizado por la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, mismo que estableció por fines:
  1. Dar cuenta de las obligaciones que tiene el partido en términos normativos y doctrinarios en materia de igualdad.
  2. Visibilizar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
  3. Establecer el concepto de violencia política contra las mujeres para que este sirva de referencia al partido y se puedan encuadrar hechos constitutivos para actuar en consecuencia.
  4. Contribuir a resolver el problema de violencia política contra las mujeres en razón de género al interior del PAN con la creación de una propuesta de Protocolo de Atención a la misma.
  5. Proponer acciones para prevenir la violencia política contra las mujeres al interior del Partido.[17]
El partido asimismo creó la Comisión de Atención a la Violencia Política contra las Mujeres Militantes, cuya Secretaria Ejecutiva es actualmente Joanna Alejandra Felipe Torre, la cual cuenta con las facultades necesarias para prevenir e investigar los hechos que las o los militantes, funcionarios (as), dirigentes y/o servidores públicos emanados del partido que puedan ser constitutivos de VPG.

En este sentido se ha realizado un esfuerzo considerable por parte del Instituto Político para dar a conocer cuáles son los elementos que la constituyen en orden de visibilizarla y de fortalecer los mecanismos internos que buscan prevenirla y sancionarla.

El concepto de Violencia Política del Protocolo se construyó a partir de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). Definiéndose como:
“La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afecta desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”[18].

Es importante señalar también que en términos del Protocolo, para considerarse violencia política es necesario verificar la existencia de los siguientes elementos:
  1. a) El acto u omisión se base en elementos de género, es decir: se dirija a una mujer por ser mujer, tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres y/o afecte desproporcionadamente.
  2. b) Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
  3. c) Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el cargo de un cargo público.
  4. d) Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico. e) Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas, hombres o mujeres, en particular: integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos a cargo de elección popular o de dirigencia partidista; servidores públicos, autoridades gubernamentales, funcionarios o autoridades de instituciones electorales; representantes de medios de comunicación; el estado y sus gentes.
El esfuerzo por hacer de la VPG algo ya no innombrable, sino impensable, sigue su curso en Acción Nacional. Este año la Senadora Kenia López Rabadán presentó la iniciativa que fue dictaminada el 14 de mayo pasado y que establece el mismo número de hombres y mujeres en el sector público en los tres niveles y poderes de gobierno, además de los organismos constitucionalmente autónomos, partidos políticos y cualquier organismo que ejerza funciones de autoridad.
La llamada Paridad Total llena de orgullo al partido, en palabras de Kenia López Rabadán es posible decir que esta reforma histórica permite la posibilidad real de que las mujeres formemos parte de la toma de decisiones del país. En un escenario tan complejo como en el que nos encontramos y en el que por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de once integrantes, nueve son hombres y dos mujeres; en el Poder Judicial donde entre Jueces y Magistrados, el 75 por ciento son hombres y 25 por ciento mujeres y en Gobierno del Estado de San Luis Potosí hay apenas dos mujeres en el gabinete y dieciséis hombres.
En el caso del PAN en nuestro Estado, el actual Comité Directivo Estatal está compuesto por cincuenta por ciento de mujeres y cincuenta por ciento de hombres en las Secretarías que lo componen.
Adriana Aguilar, actual Secretaria de Promoción Política de la Mujer señaló que en seguimiento a las acciones emprendidas por las legisladoras del partido, es necesario darle continuidad a la Paridad Total pero ahora en el interior del PAN, debido a que si bien, ya se estipuló que la fórmula de integración de la Presidencia y Secretaría General de los Comités Directivos Municipales deberá ser compuesta necesariamente por una mujer y un hombre, falta aún la reforma para las directivas estatales, la nacional y sus comisiones. Lo cual forma parte de las propuestas en materia de paridad dentro de la reforma de estatutos a realizarse este mismo año.
En este sentido se publicó convocatoria nacional para que personas de organizaciones de la sociedad civil, militantes y simpatizantes del PAN puedan colaborar en la construcción de la propuesta de reforma de Estatutos en materia de igualdad de género[19].
En el año en que se celebran 80 años de la fundación del partido, es posible identificar las acciones que ha realizado AN a lo largo de su historia, tanto al interior de la Institución, como cuando ha sido gobierno, para promover la participación política de las mujeres, no solo incrementando su número, sino también en su inclusión en la toma de decisiones, y en la prevención, sanción y erradicación de la VPG, impulsando decididamente de esta manera el principio fundamental del PAN: el respeto a la eminente dignidad de la persona humana.
Estamos conscientes del camino que aún le falta por recorrer al partido en este tema, sin embargo es posible encontrar esperanza en las acciones que día con día se realizan desde la Institución.  Las mujeres en AN reconocemos la responsabilidad histórica que tenemos y asumimos con decisión nuestro compromiso generacional en favor de la igualdad sustantiva.
[1] Secretaría Nacional de Promoción Política de la Mujer. (2018). Protocolo de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las Mujeres Militantes del Partido Acción Nacional. Ciudad de México : Partido Acción Nacional.
[2]Álvarez, B. M. (1989). Foro Nacional: la mujer, origen y destino. Ciudad de México: Partido Acción Nacional.
[3]Hidalgo Ramírez, A. G. (2000). Las Mujeres en Acción Nacional. Ciudad de México: Partido Acción Nacional.
[4] Trueba, T. (2013). Presentación. Palabra de Acción Nacional, 3.
[5] Hidalgo Ramírez, op.cit., 179 -185.
[6]Promoción Política de la Mujer. (s.f.). Recuperado el 11 de 07 de 2019, de http://promocionpoliticadelamujer.mx/?page_id=384
[7] Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua. (s.f.). Recuperado el 11 de 07 de 2019, de http://www.panchihuahua.org.mx/partido/historia-chihuahua/nuestros-lideres/article/florentina-villalobos-chaparro.
[8] Salgado, R. Z. (2014). Cutoas de género, una medida necesaria. Letras Libres.
10 Instituto Nacional de las Mujeres. (2004). El ABC del género en la Administración Pública. Ciudad de México: Instituto Nacional de las Mujeres.
[10] Ortega Martínez, M. d. (2013). Hacia una Cultura de Igualdad en los derechos Políticos de las Mujeres. Palabra de Acción Nacional, 9.
[11] Letras libres op cit
[12] La palabra op cit, 10.
[13] – Albaine Laura (2015). “Obstáculos y desafíos de la paridad de género. Violencia política, sistema electoral e interculturalidad”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales (52) pp. 145-162.
[14]  Senado de la República. (13 de Septiembre de 2016). Obtenido de http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/30858-senadoras-del-pan-impulsan-protocolos-para-atender-la-violencia-politica-contra-las-mujeres.html
[15] Ibíd
[16] Secretaría Nacional de Promoción Política de la Mujer, op. cit., p. 14.
[17] Ibíd, p. 16.
[18] Ibíd. p. 29.
[19] Aguilar Ramírez, A. (2019). Paridad Total. Humanismo y Sociedad.

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EDITORIAL | TOMO 10

PorALEXANDRA DANIELA CID GONZÁLEZ publicado 2020-09-04 En

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Sin embargo, toda realidad tiene contrastes. Si bien el personal de salud, literalmente, está entregando la vida para luchar contra el virus que ha provocado la contingencia sanitaria, el sistema de salud tiene carencias no solo propias de vivir en una era de pandemia, sino que presenta carestías derivadas de políticas públicas sustentadas en un falso concepto de austeridad.  Silvano Vitar explica las premisas sobre las que se fundamentan las políticas de austeridad y por qué y cómo estas al final, matan.
 
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En el mismo sentido, Pablo López de la Fundación Nariz Roja narra las decisiones que se tomaron para que al día de hoy, niños y niñas con cáncer sigan sufriendo de la falta de medicamentos en el país. Cuenta también acerca del esfuerzo que están haciendo desde esta Asociación Civil para recaudar fondos y apoyar a los padres y madres de familia en su lucha por el abasto de medicinas para sus hijos e hijas.
 
Por su parte Cristina Guzmán nos aproxima a comprender la realidad que viven las niñas y los niños con hipoacusia, una condición en muchos sentidos invisible. Lo cual, lo hace desde una perspectiva personal al narrar el camino que ha vivido con su hija, y ahora con familias como la suya, que trabajan unidas para lograr mejores condiciones de vida y oportunidades para sus hijos.
 
Martha Navarro reflexiona sobre los cambios en nuestros tiempos y se centra especialmente en el impacto que estos han tenido en la infancia en México. Le habla a padres y madres, a maestras y maestros,  invintándoles a asumir una perspectiva de colaboración, orientada a la comprensión del otro, el cuidado y la búsqueda del bienestar común partiendo del autoconocimiento y la autoestima.
 
En otro orden de ideas, Alejandro Velázquez rememora cómo ha sido el camino hacia la ciudadanización de los organismos electorales, así como la importancia que tiene el defender su autonomía y por lo tanto, nuestra democracia.
 
Miguel Peñaflor por su parte analiza las redes sociales como medios de información alternativos y el papel que han tenido en el debilitamiento del monopolio de la información, en la transparencia y en las nuevas interacciones sociales.
 
En la sección Otras Latitudes, el Diputado argentino Álvaro Martínez identifica cómo en el transcurso de este tiempo, las instituciones democráticas en su país han sufrido distintos atropellos, producto de un enamoramiento de la cuarentena bajo la falsa dicotomía de salud o economía, la cual, nos dice, solo le es funcional a los gobernantes adictos al poder. Escenario que es posible identificar no solo en la Argentina.
 
Finalmente Camilo Arenas de Colombia, presenta un análisis de la forma en la cual están trabajando los Parlamentos Hispanoamericanos en tiempos de Covid, momento histórico que plantea nuevos desafíos en el uso de las tecnologías en las democracias modernas.
 
En este décimo tomo de Humanismo y Sociedad, buscamos presentar ejemplos sobre la aportación que se está haciendo desde la sociedad civil organizada a los grandes temas en el México de hoy, así como los cambios y embates que las instituciones democráticas están sufriendo en estos tiempos en América Latina.
 
Esperamos que todas estas reflexiones contribuyan a la tan necesaria discusión pública y permitan revalorar la aportación de la ciudadanía, así como identificar aquellos conceptos, políticas públicas, posturas y toma de decisiones que ponen en peligro las instituciones de nuestra vida democrática, para poder encontrar puntos de encuentro, hoy más necesarios que nunca.


MENSAJE DEL PRESIDENTE | TOMO 10

PorJUAN FRANCISCO AGUILAR publicado 2020-09-04 En

Al momento de escribir este mensaje, hay más de 55,000 muertes por Covid en México. Día con día se actualizan los datos oficiales en la conferencia del Subsecretario López Gatell, los Secretarios de Salud de los Estados rinden su propio informe y Google tiene un contador que actualiza la información de manera permanente. Invariablemente, los datos son diferentes.
 
Desde los gobiernos de los Estados se ha manifestado que las cifras presentadas no corresponden con las que ellos reportan, identificándose un desfase de hasta tres semanas y un sub registro de casos y fallecimientos en todo el territorio nacional.
 
La cantidad de contagios, de personas hospitalizadas -por lo tanto de camas disponibles- y de muertes se han convertido en un recuento automatizado, presente en el discurso diario de gobierno y en el de los medios de comunicación.
 
El 10 de agosto, cuando había 53,003 mexicanos muertos, el Presidente en su conferencia criticó el conteo de personas fallecidas que hacen los medios de comunicación, en el que se señala el lugar mundial que llevamos en el número de decesos, en el que se ubica a nuestro país en este tema, para al final, decir que esto es muy lamentable (el conteo, no las muertes) y explica lo que a su parecer es la razón de las críticas: “no les gusta el cambio”.
 
Esta frase resume la postura que el gobierno ha tomado al momento de asumir responsabilidades por el fracaso en la estrategia de salud frente al Covid, frente al desabasto de medicamentos para niños y niñas con cáncer, frente a los años más violentos en la historia del país, en suma, frente a todo.
 
Esa postura indolente, que no asume responsabilidades, que no muestra capacidad de escucha y de toma de decisiones para cambiar el rumbo frente al fracaso, se ha convertido en un signo característico de este gobierno.
 
Esta incapacidad para corregir es una negligencia que día a día cobra vidas.  Lo que manifiestan al minimizar el conteo en el número de personas contagiadas y fallecidas, es que ven números, no nombres. Se les olvida que cada uno de los números que tanto les molesta que se sigan incrementando es un mexicano o mexicana, que son miles de familias en duelo.
 
Desde aquí envío mis condolencias a las familias de todos y todas aquellas personas que ya no están por esta terrible tragedia que estamos viviendo. Sirva también como modesto homenaje a las y los panistas a quienes extrañaremos. A las mujeres y hombres del país que se han ido en un corto tiempo por esta enfermedad. Recordamos sus nombres, son irremplazables.

#50milFamiliasdeLuto
 
#LutoNacional