AMNISTÍA EN MÉXICO ¿LA LEY QUE PROTEGE A DELINCUENTES?


Por Comunicación Social publicado 2020-03-10



POR: JOSÉ SALVADOR MENDOZA HERNÁNDEZ

“La paz no sólo consiste en poner fin a la violencia o la guerra,
sino a todos los demás factores que amenazan la paz,
como la discriminación, la desigualdad, la pobreza”.
Aung San Suu Kyi
 
El 11 de diciembre de 2019 con 285 votos a favor, 144 en contra y 19 abstenciones se aprobó la Ley de Amnistía en la Cámara de Diputados y fue turnada al Senado para su estudio, dictamen y aprobación. La misma contiene diversas disposiciones que violentan el Estado de Derecho, situación que fue denunciada por la bancada Panista en el Congreso de la Unión a través de su vocero, Fernando Herrera Ávila, quien afirmó: “López Obrador no entiende que la amnistía es para casos de excepción, no para quienes han causado daño a la sociedad. Con el grave problema de inseguridad que hoy enfrentamos, es inconcebible que se quiera beneficiar a los que venden droga cerca de las escuelas, centro de diversión o en las colonias populares. Además, busca proteger a quienes bloquean las vías de comunicación como carreteras”.

La palabra amnistía proviene del griego Αμνηστία (olvido), que presenta una forma similar a la palabra amnesia, privación del recuerdo, pérdida de memoria.

Es pertinente hacer una acotación en cuanto a la diferencia entre amnistía e indulto, ya que ambas figuras persiguen la misma finalidad, (la extinción de la acción penal y las sanciones impuestas), sin embargo, el indulto es una prerrogativa del representante del poder Ejecutivo por el que en un caso concreto, se perdona, atenúan o suspenden condicionalmente las consecuencias jurídicas de una condena penal ejecutoriada, por otro lado, la amnistía es una facultad que posee el poder legislativo y tiene como efecto la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada.

Hablando de manera general, la amnistía es un instrumento legal que ordena el olvido oficial de una o varias categorías de delitos, aboliendo, o bien los procesos comenzados o aquellos que han de comenzar. En México existen 2 antecedentes de leyes de amnistía, la primera fue publicada en el año de 1978 (y abrogada en 2015) por la cual se favorecía a las personas en las que se hubiera ejercitado la acción penal por los delitos de sedición o por que hubieran invitado, instigado o incitado a la rebelión o conspiración por parte de grupos con el propósito de alterar la vida institucional del país.

En este contexto es pertinente recordar que en las décadas de los años 60´s y 70´s, se vivió lo que muchos historiadores llamaron «Guerra Sucia», la cual se caracterizó por medidas de represión militar y política que buscaban disolver la oposición del partido hegemónico.

Por otro lado, el 22 de enero de 1994, durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amnistía (misma que sigue vigente), a raíz del levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, y tras las mesas de dialogo que sostuvo el Gobierno Federal con el grupo armado se concedió amnistía a favor de todas las personas en quienes se ejercitó acción penal en su contra, por delitos de violencia suscitados entre el primero de enero de 1994 al veinte del mismo mes y año en ese Estado.

Por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado que:
«El derecho Internacional y la Política de las Naciones Unidas no se oponen a las amnistías en sí mismas, sino que fijan limites a su alcance permisible. Se ha reconocido que las amnistías pueden desempeñar una función valiosa en poner fin a conflictos armados, reconciliar a comunidades divididas y reestablecer los derechos humanos, a condición que no otorguen inmunidad a las personas responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad crímenes de guerra, o violaciones manifiestas a los derechos humanos» (ACNUDH, 2009, 44.)

De acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), existen tres tipos de leyes de amnistía que se clasifican en
  1. Benéficas: Son Leyes que el DIDH considera como medidas legislativas que benefician la eficacia en el Goce de los Derechos Humanos.
  2. Violatorias: Leyes que absuelven a violadores de Derechos Humanos promovidas por un régimen, con la intención de beneficiar a los propios integrantes del régimen gubernamental; también conocidas como: «auto – amnistía».
  3. Excepcionales: Son aquellas que a pesar del mal que producen al absolver a violadores de Derechos Humanos, se consideran necesarias para crear condiciones de paz, o una vez logrado este, para favorecer la reconciliación Nacional.
Aunado a lo anterior, los criterios de la Corte Internacional de Derechos Humanos han establecido un conjunto de principios básicos que permiten evaluar la incompatibilidad de proyecto de amnistía con el derecho internacional. Los cuales determinan si la ley de amnistía propuesta va en contra de los criterios internacionales en materia de derechos humanos. Por lo que una ley de amnistía es impermisible si cuenta con las siguientes características:
1.- Impide el enjuiciamiento de personas que puedan resultar penalmente responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos, incluidos los delitos que afecten concretamente a la mujer y a la violencia de género.

2.- Interfiere con el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluida la reparación del daño, o limita el derecho de las víctimas y las sociedades a conocer la verdad acerca de las violaciones los derechos humanos y derecho humanitario.
El 13 de Septiembre de 2019 se remitió a la Cámara de Diputados la “Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía propuesta por el titular de del Ejecutivo Federal”, después de días de discusión, el 11 de Diciembre del año 2019, fue aprobada en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados, el dictamen que expide la ley de Amnistía, por lo que se envió al Senado de la Republica en carácter de Cámara Revisora, quienes llevarán a cabo el mismo procedimiento de estudio, discusión y aprobación seguido por la Cámara de Origen, sin que hasta la fecha haya sido resuelta.

¿Cuál es el contenido de la ley?
Se establece la extinción de las sanciones penales ahí descritas, a favor de las personas a las que se les haya ejercitado o pudiere ejercitarse la acción penal ante los tribunales del orden federal. Sin embargo, la ley contempla que las posibles personas a quienes pueda beneficiar esa ley deberán cumplir las siguientes condiciones:
  1. Que no sean reincidentes respecto del delito por el que están solicitando la amnistía.
  2. Que no hayan sido condenadas por los delitos de privación de la vida a otra persona, por delitos contra la integridad personal o secuestro, cuando se provoque lesiones graves con secuelas permanentes o hayan utilizado en la comisión del delito armas de fuego.
  3. Que no se encuentren vinculados a proceso penal, dentro de los delitos que contempla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o que hayan cometido delitos graves del orden federal.
Lo más controversial de la iniciativa es que uno de los delitos susceptibles de la ley, son los delitos contra la salud, pues menciona que las personas que se encuentren en situación de pobreza, o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, así como por estar discapacitados de manera permanente o, cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubino o concubina, pareja sentimental, así como quienes haya sido obligados por un grupo de la delincuencia a cometer el delito, pueden solicitar la protección que ampara este proyecto de ley.

Sin embargo, esto puede resultar contraproducente para la seguridad del Estado, ya que se puede beneficiar a narcomenudistas que se pueden posicionar dentro de los extremos de la multicitada ley, para que sus conductas delictivas queden impunes, lo que conlleva a pensar que no se está beneficiando a las “buenas personas” sino todo lo contrario, a la delincuencia organizada.

Siguiendo con la misma línea, el dictamen prevé que se otorgue inmunidad a personas que cometan el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años, este tema también es muy polémico ya que desde el punto de vista de la sociedad, el robo es una de los delitos que más se cometen día tras día, y en virtud del clima de inseguridad que se vive actualmente en nuestro país, complementado con la falta eficacia de la policía, varios ciudadanos han adoptado el método de hacerse justicia por su propia mano, denominado comúnmente como “linchamiento”, parece ser que la aprobación de la ley en vez de resolver lo anterior, lo agravaría mas, lo anterior en virtud de que sería una salvedad más por la que los delincuentes no serían sancionados por el delito cometido, lo que generaría una muy fuerte desconfianza en las instituciones de por si desgastadas, del Estado Mexicano.

Dentro de este contexto, el gobierno federal pretende establecer una ley que si bien es cierto, cuenta con los principios rectores del Derecho Internacional en cuanto al contenido de una Ley de amnistía, lo cierto es que dentro del ámbito de la competencia nacional, es plausible que los legisladores federales contemplen la no incorporación de las fracciones que se mencionan a supra líneas, pues el actual presidente pretende beneficiar a las personas que realicen las conductas ilícitas más comunes en territorio nacional, sin punibilidad alguna, lo que vulnera seriamente la estabilidad social, la seguridad jurídica y sobre todo la tranquilidad de la ciudadanía.

Es por ello que se espera que la Cámara de Senadores al momento de discutir el dictamen reconsideren lo establecido por el artículo 1 fracción II, pues en ella se establece la extinción de la acción penal por los delitos contra la salud, lo cual no puede entenderse sino como un mecanismo para proteger a la delincuencia, cuando lo que este país necesita es que no haya impunidad, que haya justicia.
  
FUENTES Y REFERENCIAS:

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EDITORIAL | TOMO 10

PorALEXANDRA DANIELA CID GONZÁLEZ publicado 2020-09-04 En

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Martha Navarro reflexiona sobre los cambios en nuestros tiempos y se centra especialmente en el impacto que estos han tenido en la infancia en México. Le habla a padres y madres, a maestras y maestros,  invintándoles a asumir una perspectiva de colaboración, orientada a la comprensión del otro, el cuidado y la búsqueda del bienestar común partiendo del autoconocimiento y la autoestima.
 
En otro orden de ideas, Alejandro Velázquez rememora cómo ha sido el camino hacia la ciudadanización de los organismos electorales, así como la importancia que tiene el defender su autonomía y por lo tanto, nuestra democracia.
 
Miguel Peñaflor por su parte analiza las redes sociales como medios de información alternativos y el papel que han tenido en el debilitamiento del monopolio de la información, en la transparencia y en las nuevas interacciones sociales.
 
En la sección Otras Latitudes, el Diputado argentino Álvaro Martínez identifica cómo en el transcurso de este tiempo, las instituciones democráticas en su país han sufrido distintos atropellos, producto de un enamoramiento de la cuarentena bajo la falsa dicotomía de salud o economía, la cual, nos dice, solo le es funcional a los gobernantes adictos al poder. Escenario que es posible identificar no solo en la Argentina.
 
Finalmente Camilo Arenas de Colombia, presenta un análisis de la forma en la cual están trabajando los Parlamentos Hispanoamericanos en tiempos de Covid, momento histórico que plantea nuevos desafíos en el uso de las tecnologías en las democracias modernas.
 
En este décimo tomo de Humanismo y Sociedad, buscamos presentar ejemplos sobre la aportación que se está haciendo desde la sociedad civil organizada a los grandes temas en el México de hoy, así como los cambios y embates que las instituciones democráticas están sufriendo en estos tiempos en América Latina.
 
Esperamos que todas estas reflexiones contribuyan a la tan necesaria discusión pública y permitan revalorar la aportación de la ciudadanía, así como identificar aquellos conceptos, políticas públicas, posturas y toma de decisiones que ponen en peligro las instituciones de nuestra vida democrática, para poder encontrar puntos de encuentro, hoy más necesarios que nunca.


MENSAJE DEL PRESIDENTE | TOMO 10

PorJUAN FRANCISCO AGUILAR publicado 2020-09-04 En

Al momento de escribir este mensaje, hay más de 55,000 muertes por Covid en México. Día con día se actualizan los datos oficiales en la conferencia del Subsecretario López Gatell, los Secretarios de Salud de los Estados rinden su propio informe y Google tiene un contador que actualiza la información de manera permanente. Invariablemente, los datos son diferentes.
 
Desde los gobiernos de los Estados se ha manifestado que las cifras presentadas no corresponden con las que ellos reportan, identificándose un desfase de hasta tres semanas y un sub registro de casos y fallecimientos en todo el territorio nacional.
 
La cantidad de contagios, de personas hospitalizadas -por lo tanto de camas disponibles- y de muertes se han convertido en un recuento automatizado, presente en el discurso diario de gobierno y en el de los medios de comunicación.
 
El 10 de agosto, cuando había 53,003 mexicanos muertos, el Presidente en su conferencia criticó el conteo de personas fallecidas que hacen los medios de comunicación, en el que se señala el lugar mundial que llevamos en el número de decesos, en el que se ubica a nuestro país en este tema, para al final, decir que esto es muy lamentable (el conteo, no las muertes) y explica lo que a su parecer es la razón de las críticas: “no les gusta el cambio”.
 
Esta frase resume la postura que el gobierno ha tomado al momento de asumir responsabilidades por el fracaso en la estrategia de salud frente al Covid, frente al desabasto de medicamentos para niños y niñas con cáncer, frente a los años más violentos en la historia del país, en suma, frente a todo.
 
Esa postura indolente, que no asume responsabilidades, que no muestra capacidad de escucha y de toma de decisiones para cambiar el rumbo frente al fracaso, se ha convertido en un signo característico de este gobierno.
 
Esta incapacidad para corregir es una negligencia que día a día cobra vidas.  Lo que manifiestan al minimizar el conteo en el número de personas contagiadas y fallecidas, es que ven números, no nombres. Se les olvida que cada uno de los números que tanto les molesta que se sigan incrementando es un mexicano o mexicana, que son miles de familias en duelo.
 
Desde aquí envío mis condolencias a las familias de todos y todas aquellas personas que ya no están por esta terrible tragedia que estamos viviendo. Sirva también como modesto homenaje a las y los panistas a quienes extrañaremos. A las mujeres y hombres del país que se han ido en un corto tiempo por esta enfermedad. Recordamos sus nombres, son irremplazables.

#50milFamiliasdeLuto
 
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