DEL EMPODERAMIENTO LEGAL DE LAS MUJERES, HASTA LAS NUEVAS FORMAS DE HACER POLÍTICA
Por Comunicación Social publicado 2019-04-15
POR JOANNA F. TORRES
La importancia de que las mujeres participen en la política radica, entre otras cosas, en que su presencia contribuye a modificar las pautas, los usos y las costumbres de hacer política, así como a transformar el contenido de la agenda pública. Las mujeres aportan a la política puntos de vista, aptitudes y perspectivas diferentes que ayudan a conformar el programa político incluyente y plural que represente los intereses de las dos mitades de la población.
La importancia de que las mujeres participen en la política radica, entre otras cosas, en que su presencia contribuye a modificar las pautas, los usos y las costumbres de hacer política, así como a transformar el contenido de la agenda pública. Las mujeres aportan a la política puntos de vista, aptitudes y perspectivas diferentes que ayudan a conformar el programa político incluyente y plural que represente los intereses de las dos mitades de la población.
A pesar de ello, históricamente hemos estado subrepresentadas, en México y en el mundo. Nuestra presencia en cargos de elección popular, en la administración pública de todos los niveles de gobierno, e incluso en los espacios de participación social, ha sido el resultado de una lucha permanente para lograr inclusión.
Ejemplo de esto es que, ante el proceso electoral más grande de la historia de México, y en un esfuerzo multidisciplinario de instancias y autoridades involucradas en la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, se diseñó el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 2017.
Además, el INE implementó medidas sin precedentes, para asegurar no sólo la paridad en la postulación de candidaturas, sino también en la composición final del Poder Legislativo Federal.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no solamente confirmó estas medidas sino las maximizó para lograr una mayor participación de mujeres indígenas.
En tres entidades de la República: Oaxaca, Veracruz y el Estado de México, las legislaturas estatales han reformado el Código Penal estatal tipificando la violencia política de género como un delito.
Partidos políticos como el PAN, PRI, PRD, NUEVA ALIANZA, MORENA, cuentan con Protocolos específicos de atención a la violencia política en razón de género en sus ámbitos de justicia intrapartidista. Otros partidos lo han contemplado de manera general en su normatividad partidista.
No obstante, éstos y muchos otros esfuerzos, las prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios se recrudecen e incrementan en la medida en la que más mujeres participan en las contiendas electorales y ocupan cargos de elección popular, lo que ha traído como consecuencia la marginación y exclusión de los espacios y procesos de tomas de decisión del país.
Entre los altos costos que ha tenido el aumento de la participación política femenina, se encuentra precisamente la violencia política contra las mujeres en razón de género, que constituye la máxima expresión de discriminación política que inhibe, minimiza y limita el pleno ejercicio de los derechos político electorales, degradando con ello nuestra democracia.
Entre las afectaciones que un acto de violencia política puede generar en el proyecto de vida de las mujeres es el abstencionismo de participar en la política. Y esto es muy grave, porque afecta directamente el propósito de la igualdad sustantiva en los espacios de decisión del país.
Peor aún, tolerar la violencia política en contra de las mujeres favorece su perpetuación y la aceptación social de este fenómeno.
En la transición hacia la igualdad sustantiva, hoy nos encontramos en una fase de aumento cuantitativo de mujeres en las legislaturas, hoy tenemos la llamada Legislatura más paritaria de la historia.
Pero este aumento cuantitativo debe ser seguido necesariamente por una fase cualitativa que mejore la democracia y aumente la incidencia de las mujeres en los espacios de decisión; no acotada exclusivamente a los temas de igualdad de género, sino aplicados en todos los temas trascendentales de la vida pública y problemáticas del país.
Ante ello, las mujeres que hoy practican la política, se encuentran ante un momento histórico, que implica la altísima responsabilidad de impulsar profundas transformaciones cualitativas en la manera de hacer política y en la forma de gobernar.
Parte de los cambios en la manera de hacer política es evitar que la segmentación partidista sea un obstáculo para luchar por la erradicación de la violencia política en razón de género y formar alianzas estratégicas entre nosotras mismas.
De tal forma que cada mujer política que ha logrado un cargo de elección popular, cada mujer que ha logrado ocupar un cargo en los espacios de decisión del país, tiene la responsabilidad social de impulsar y promover los temas de igualdad de género e incidir en temas trascendentales para el género femenino; porque además de nuestra inteligencia, experiencia y capacidades, que hoy podamos ocupar esos cargos ha sido el resultado de una lucha histórica preponderantemente de mujeres, para que las mujeres de hoy logremos el pleno uso y goce de nuestros derechos políticos.
Por cada mujer que deja de hacer política debido a la violencia, independientemente de su afinidad política y partidista, es una candidata menos y en consecuencia una funcionaria pública menos, una tomadora de decisiones menos y menor perspectiva femenina en el diseño e implementación de políticas públicas y en las reformas legislativas.
Por ello, el empoderamiento legal de mujeres es una de las trincheras que necesariamente deben de ser cubiertas para erradicar la violencia política en razón de género y así lograr la igualdad sustantiva que tantas iniciativas sociales pretenden.
El hecho de que, pese a las iniciativas legislativas presentadas aún no se cuente con una ley específica sobre la violencia política contra las mujeres, complica el tratamiento del tema a nivel jurisdiccional.
Por lo que, ante estas claras limitaciones legales, se deben generar criterios jurisdiccionales que abonen a la prevención y erradicación de este tipo de violencia.
¿Cómo se generan esos criterios y precedentes jurisdiccionales? Denunciando la violencia política, visibilizándola, promoviendo juicios, buscando justicia; a través de un caso concreto se puede incidir e irradiar el efecto de una sentencia para evitar casos similares en el futuro.
No es una tarea sencilla, pero en tanto no existan condiciones sociales de prevención y reformas legislativas que sancionen de manera ejemplar la perpetración de este tipo de violencia, la reacción inmediata puede encontrarse en los precedentes que se logren configurar para impedir que las prácticas discriminatorias contra las mujeres políticas continúen reproduciéndose.
No olvidemos que la lucha por prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, coadyuva a erradicar los demás tipos de violencia también.
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