Partido Acción Nacional SLP

Iniciamos el año recorriendo las calles del Estado para entablar un diálogo con la ciudadanía y conocer así las necesidades prioritarias de su comunidad y las propuestas que tienen para atenderlas.

Partimos de la premisa de que es importante escuchar a las personas. Si se plantean soluciones a los problemas públicos desde un escritorio, alejados de lo que la ciudadanía vive en su día a día, las políticas públicas y las acciones legislativas distarán mucho de lo que realmente se necesita.

En este sentido, estamos trabajando de cerca con las funcionarias y los funcionaros públicos emanados de nuestro partido, para fortalecer el vínculo de comunicación con la ciudadanía y que podamos impulsar las necesidades más sentidas de la población.

Es así que podemos afirmar que la necesidad que las potosinas y los potosinos con quienes hemos hablado han manifestado como prioritaria, es la inseguridad. Las familias padecen este flagelo en su día a día y estamos comprometidos a trabajar de manera incansable para que esta realidad cambie. Queremos, al igual que todos y todas que cada potosino y potosina tenga acceso a la justicia y a una vida en paz.

Es por ello que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Estado, presentó una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en materia de Feminicidio, la cual se busca que tenga como atribuciones investigar, perseguir y actuar penalmente contra el feminicidio, así como actuar de manera coordinada con los tres niveles de Gobierno para las acciones de prevención.

Como Institución y como personas que la conformamos, manifestamos nuestro absoluto rechazo a toda forma de violencia de género y nos comprometemos a seguir impulsando acciones que garanticen el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia.

EDITORIAL – TOMO 7

Por Comunicación Social publicado 2020-03-10

POR: ALEXANDRA DANIELA CID GÓNZALEZ

Día con día amanecemos con noticias que revelan las diversas crisis que suceden de manera simultánea en el país. Desde las acciones para debilitar las Instituciones y los órganos autónomos que se han construido con el trabajo y esfuerzo de generaciones y que son la fortaleza de nuestra democracia; la cancelación del Seguro Popular por un Instituto que, lejos de mejorar el anterior, ha puesto en riesgo la vida de las personas por la irresponsabilidad e improvisación con la que opera; desabasto de medicamentos en enfermedades de las que al padecerlas, la vida pende de un hilo, como el caso de la escasez en Metrotexato, utilizado para el tratamiento de niños y niñas con cáncer, o del desabasto de antirretrovirales necesarios para pacientes con VIH/SIDA.

Aunado a lo anterior, vivimos en el peor momento en la historia del país en materia de seguridad y en el que, además la procuración de justicia se encuentra colapsada. En este sentido, la violencia de género y en particular, los feminicidios se han incrementado en cantidad y en crueldad, lo cual, en algunos estados se alcanzan niveles de epidemia de violencia de acuerdo con los criterios de la OMS.

Ante la desoladora realidad en el país, existen miles de ciudadanas y ciudadanos que han decidido resistir ante las acciones en las que, por acción u omisión del gobierno, se agravan las crisis que se viven, organizándose para manifestarse y exigir atención a sus demandas.

Es posible observar, cómo organizaciones ciudadanas han convocado de manera abierta a sumarse a las acciones de manifestación que emprenden a través de redes sociales. Logrando convocar de manera simultánea a personas de todo el país que, sin conocer a quienes lideran o hacen el llamado, deciden sumarse a la causa.

Los padres y madres de niños y niñas con cáncer y con hipoacusia, las personas portadoras de VIH, las familias de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio, las personas que luchan en favor de la vida, entre otras muchas causas, están saliendo a la calle, a manifestarse legítimamente por las responsabilidades que el Estado no está asumiendo y los deberes que ha dejado en el abandono.

Un ejemplo que ya es histórico es el «Paro Nacional, un día sin mujeres», al cual se sumaron mujeres de todos los ámbitos e ideologías, de diferentes Instituciones públicas, educativas, gubernamentales y privadas. Al Paro se sumaron también hombres comprometidos con la eliminación de la violencia de género en todas sus formas. Se llamó a poner en el foco de la discusión pública en la violencia feminicida, en sus causas, en la falta de justicia, en cómo sería el país, si siguen asesinado a las mujeres por ser mujeres.

Creemos que esta nueva forma de organización de ciudadanos y ciudadanas a quienes incluso sin conocerse les une una causa en común, permite que se su alcance sea mayor y más profundo. Esto sin duda representa un antes y un después en la conformación de nuestro país. El gobierno actual no puede seguir reaccionando con indiferencia, la sociedad no lo está haciendo.

MECANISMOS DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN: LA EXPERIENCIA ARGENTINA

Por Comunicación Social publicado 2020-03-10

POR: JUAN ANDRÉS ARAMAYO

Si bien existen en América Latina sistemas políticos que en mayor o menor medida funcionan en lo electoral, habiendo elecciones y alternancia de poder entre partidos (exceptuando Venezuela y Cuba), las instituciones son frágiles al ser propensas a la manipulación política. Como lo señalara Alejandro Salas, Director Regional para las Américas de Transparencia Internacional:

«Cuando se manipulan las instituciones por parte de un partido, cuando la justicia, las autoridades electorales, la contraloría, las fiscalías, la prensa, las fuerzas de seguridad, etc. responden a la política partidaria no hay contrapesos reales y efectivos al poder casi absoluto del Ejecutivo y el partido político en el poder. En un ambiente como ese, la corrupción puede crecer sin límites»[1].

En este sentido, es lamentable que los latinoamericanos nos hayamos acostumbrado a los escándalos de corrupción que todos los días escuchamos por los distintos medios y que los populismos de nuestra región los relativizan y banalizan con total impunidad.

En este artículo quiero compartirles brevemente la experiencia de Argentina en los últimos cuatro años en relación a los sistemas de compras y licitaciones del sector público, y el por qué el fortalecer los sistemas de transparencia en las Instituciones son un arma poderosa contra la corrupción.

Desde mucho tiempo antes a las elecciones presidenciales de 2015 el tema de la corrupción y la falta de transparencia en el sector público fue cobrando relevancia e instaurándose en la agenda pública argentina transformándose en demanda social. Incluso en las encuestas dentro de los temas que más preocupaban a los argentinos, la corrupción encabezaba el podio.

La nueva gestión iniciada en diciembre de 2015 trajo nuevos aires a la administración pública, aires muy resentidos en general por los empleados públicos con una alta resistencia a los cambios, tanto en las formas de cómo hacer las cosas, en los sistemas, los procesos y rompiendo antiguas mañas.

El contexto internacional también fue favorable y un factor de presión hacia Argentina para poder implementar cambios dentro de la administración pública al tener que cumplir los compromisos adquiridos de realizar avances y lograr las metas en temas de gobierno abierto y transparencia.

Es así que a través del Ministerio de Modernización (hoy ya eliminado por la nueva gestión) se empezaron a implementar políticas tendientes a la transparencia, creando códigos de ética y buenas prácticas en los distintos organismos de la administración pública nacional y oficinas de control en los organismos. Simultáneamente se inició un proceso bisagra al digitalizar los expedientes, las notas y prácticamente todos los procesos con un sistema llamado GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA.

Este sistema de implementación progresivo, que puede tener muchas críticas desde puntos de informáticos, sistemas, etc. hace que todo expediente, nota, memorándum y demás que se tramite sea público, que se pueda realizar su seguimiento on line, poder ver los tiempos que un trámite permanece en una determinada oficina, la persona responsable que tiene a su cargo el trámite, las respuestas, dictámenes o veredictos que realiza, todo ello atentos a la normativa vigente.

A su vez los plazos y tiempos de los trámites se acortaron de manera notable al estar solo a un click de realizar un pase de oficina o de enviar un expediente de miles de fojas a un funcionario en el otro extremo del país o a solo un escritorio de distancia; prácticamente se terminaron los extravíos de dichos expedientes y trámites. Este pequeño cambio a la ciudadanía en general le solucionó inmensamente los problemas que tenían al enfrentarse anteriormente a una burocracia estatal monstruosa y con baja capacidad de respuesta.

Otra demanda social en constante crecimiento era en relación a los sistemas de compras y contrataciones públicas debido a los constantes escándalos de corrupción que iban saliendo a la luz y los enriquecimientos majestuosos de los ex funcionarios públicos que la prensa publicaba.

Hasta ese momento las licitaciones, procesos de compras y contrataciones se realizaban en cada organismo, a través de expedientes en formato papel con muy bajo nivel de publicación y publicidad para la ciudadanía en general. Se generaban vicios en el sistema, proceso que incumplían la normativa legal y por lo general reduciéndose, las adjudicaciones, a unas pocas firmas oferentes, incluso haciéndose los procesos con la mayor transparencia y honestidad posible.

Ante esto el Ministerio de Modernización de la Nación junto con la Oficina Nacional de Contrataciones (órgano que regula y controla los procesos de compras y licitaciones para la administración pública nacional- federal) lanzó en 2017 una plataforma on line llamada COMPR.AR (www.comprar.gob.ar ) en la cual se publican obligatoriamente todos los procesos de licitaciones y contrataciones públicas que se realizaran en cualquier organismo de la Administración Pública Federal Argentina a lo largo y ancho del país. Posteriormente se lanzó la plataforma www.contrat.ar para todas las licitaciones de obra pública (edificios, carreteras, puertos, ferroviarias, infraestructura mayor, etc.).

Como novedad en Argentina, todo el proceso licitatorio se desarrolla en línea con publicación inmediata y accesible en todo su proceso a cualquier interesado. A través de esta plataforma cualquier empresa, firma comercial o persona física que tenga interés de ser proveedor del estado puede realizar una inscripción adjuntando documentación y archivos que requiere el sistema e indicando los rubros comerciales que puede ofrecer tanto para la venta de bienes o prestaciones de servicios. Una vez realizada la inscripción estos empiezan a recibir al correo electrónico declarado alertas de todas las licitaciones que se están llevando a cabo en todo el territorio nacional, en las distintas dependencias públicas en la cual el interesado podría participar según los rubros comerciales cargados.

A través de esta forma se le dio acceso al sistema de compras y contrataciones públicas a medianos y pequeños comerciantes y a personas físicas interesadas en participar e incluso de conocer y poder participar de licitaciones que desarrollan en otras localidades o provincias (Estados). También hay normativa especial para ayudar a las cooperativas u organizaciones sociales que quisieran participar.

Cada oficina u organismo que va a iniciar una compra o contratación debe cargar indefectiblemente en el portal toda la información relacionada al proceso que sea de interés para cualquier posible proveedor y para la ciudadanía en general. Por ejemplo: objeto de la contratación, lugar de entrega, especificaciones técnicas detalladas, cantidades, plazos de entrega, plazos de pago, pliego de condiciones generales y particulares, fechas límites de presentación de ofertas, propuestas o documentación, requisitos de participación y documentación obligatorios que deben presentarse, etc.

Si una firma comercial o persona jurídica tiene interés de participar lo puede hacer de una forma bastante sencilla y amigable ingresando a la página web con un usuario y contraseña; luego carga los precios y adjunta la documentación que cada licitación en particular requiera. Toda la información cargada es guardada, el oferente tiene un comprobante de la presentación de la misma y todo esto queda encriptado hasta el momento de la apertura de ofertas para todo el mundo, incluso el organismo estatal que realiza la licitación no puede saber qué empresas participaron, ni los precios ni ningún tipo de información vinculada lo que evita posibles hechos connivencia, o corrupción.

En una fecha y horario determinado se realiza a través del mismo sistema la apertura de las ofertas la cual en simultáneo es publicada para los oferentes e interesados, la repartición y en la web para ser pública. Con posterioridad a esta instancia todas las acciones /actuaciones que se desarrollan como la evaluación de las ofertas, orden de méritos, dictámenes de comisiones evaluadoras, solicitud de información complementaria, impugnaciones, dictámenes de asesorías jurídicas, y todo acto administrativo son cargados y publicados en el mismo portal y los participantes son notificados a través de correos electrónicos. Siendo de esta forma totalmente transparente los procesos y con total acceso a la información por parte de los interesados, participantes y toda la ciudadanía.

Luego de casi tres años de uso del sistema COMPR.AR los pros son muchos más que los contras. Entre los problemas que pueden citarse son las esporádicas caídas del sistema o ralentizaciones del mismo, quedar excluidos del sistema los sectores no informatizados y a las economías informales (pero este hecho se transformaría en positivo al obligar a la formalización e inclusión en la economía formal y sistemas fiscales). También hay que reconocer que no todo lo que reluce es oro y aceptar que esto es un avance significativo, pero queda mucho por mejorar y que incluso esto no elimina la posibilidad de cartelización de proveedores y arreglos entre ellos y entre proveedores y funcionarios o los organismos.

Como beneficios o ventajas pueden citarse:

Acceso de nuevos comercios, pequeñas y medianas empresas como proveedores del estado.
Menores precios de adjudicación al tener que competir libre y transparentemente distintos oferentes. Reducción del gasto público: eficiencia en el gasto.
Mayor posibilidad de elegir mejores productos y servicios.
Transparencia y mayor credibilidad en los procesos de compras públicas.
Control por parte de auditorías internas-externas u oficinas de ética y transparencia, incluso en tiempo real con la posibilidad de corregir fallas, omisiones y prevenir o evitar situaciones irregulares o confusas, violaciones de la normativa o delitos.
Reducción de los tiempos y plazos que podía durar un proceso licitatorio público.
Disminución de errores involuntarios humanos que existían anteriormente cuando todo se realizaba en formato papel.
Acceso de la ciudadanía a la información pública.
Responsabilidad y posibilidad de identificación de los funcionarios intervinientes en los procesos.

Claramente esto fue un avance en la gestión y administración pública, incluso algunos organismos lograron estar en el estándar Internacional de Datos de Contrataciones Abiertas (EDCA) y el país, mejorar en los rankings internacionales de transparencia.

Para ir concluyendo considero que estos adelantos deben ser cuidados y protegidos por la sociedad en general y no permitir que ninguna gestión ni gobierno de un paso atrás ni se retroceda en cuestiones de transparencia y lucha contra la corrupción, las empresas no prestarse a las coimas[2] y sobreprecios y denunciar los hechos e irregularidades.

En este sentido, considero fundamental considerar la importancia que tiene el rol de la educación en la sociedad y es que, a través de ella, es posible darse cuenta que las escuelas que faltan, los hospitales que no se hicieron, los medicamentos que no se entregan, los abuelos con jubilaciones paupérrimas, la inseguridad y el hambre de nuestros pueblos son culpa de la corrupción. Que esos faltantes básicos, que son prácticamente derechos humanos, no se cumplen cuando, por acuerdos cupulares, se privilegian adjudicaciones directas, favoreciendo intereses particulares y no los de la sociedad.

No existe solución única ante la corrupción, sino un conjunto de acciones, por lo que mecanismos como los antes descritos brindan transparencia, certeza y disminuyen en un nivel significativo la posibilidad de corromper los procesos administrativos del gobierno.

Es entonces pertinente concluir con la lúcida declaración de Alejandro Salas:

«La corrupción no se elimina por decreto, sino que se necesitan varias medidas, entre ellas es muy importante tener una infraestructura anticorrupción adecuada, es decir, la institucionalidad de la cual hablábamos antes, con acceso a la información pública efectivo, sanción efectiva a los corruptos, el respeto al principio de pesos y contrapesos entre instituciones del estado, y protección adecuada a quienes denuncian corrupción».

[1] Schuster, M. (Diciembre de 2017). Nueva Sociedad. Obtenido de https://nuso.org/articulo/como-percibimos-la-corrupcion-en-america-latina/

[2] Sobornos.

VENEZUELA: EL CAMBIO ES INMINENTE

Por Comunicación Social publicado 2020-03-10

POR: JESÚS A. FERNÁNDEZ

La lucha por las libertades de Venezuela la damos en casa y también la damos en el mundo. Venezuela está donde están los venezolanos. Día con día familias enteras salen del país buscando mejores condiciones de vida. La diáspora es tal, que en 2018 más de 4.3 millones de venezolanos se encontraban en el extranjero, el 10% de la población. De entonces a la fecha, la cifra se ha incrementado en una cantidad que no podemos saber con exactitud debido a que el gobierno de Maduro prohíbe la publicación de cifras oficiales[1].

Es en este contexto que, desde el 19 de enero de este año, el Presidente (E) Juan Guaido y su equipo, iniciaron una gira internacional para, ratificar y consolidar el respaldo de los países que apoyan la salida del narco dictador usurpador y la restitución de la democracia en Venezuela, y también para mostrarle al mundo, en primera persona, la situación extremadamente crítica que vivimos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela.

La gira inició por Bogotá como era de esperarse, siendo Colombia nuestro socio y aliado. Posteriormente en Europa, sostuvo reuniones con los jefes de estado y cancilleres de Inglaterra, Bélgica, Francia y Austria. Participando también en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, planteando el riesgo que representa la crisis que atraviesa Venezuela para la estabilidad de la región.

En Paris, Madrid, Ottawa, Miami y Washington D.C. se reunió con los venezolanos que han tenido que dejar sus hogares, familiares y amigos, para ir en busca de una mejor calidad de vida, que les permita la tranquilidad y estabilidad necesaria para crecer en libertad.

Reviste especial trascendencia para nuestra causa, que el Presidente (E) Guaidó ha sido invitado de honor en el discurso del Estado de la Unión en EE.UU, siendo esta la primera vez que un Presidente de Venezuela asiste a este evento. En el mismo, se refrendó el respaldo de este país al Presidente y a los venezolanos, en lo que se manifestó como un firme compromiso del gobierno americano con la restitución de la democracia en nuestro país.

En este sentido, es de destacar que fue recibido con honores de Jefe de Estado en la Casa Blanca, y ha permanecido en trabajo constante con el Vice-Presidente Mike Pence, la Presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, diputados y senadores del congreso americano y diversos líderes y directores de organizaciones mundiales como USAID[2].

Narrar la gira internacional del Presidente (E) Guaido permite poner en evidencia que la voluntad y fuerza de un joven venezolano es inquebrantable. Arriesga su vida, la de su familia y sus amigos por la causa, trabajando sin descanso por una Venezuela libre y próspera. Así lo reconocemos y seguimos su ejemplo.

El 15 de febrero pasado, el diario Británico The Telegraph publicó una editorial titulada «Venezuela no puede derrotar a Maduro sola» en la que, al igual que en la gira descrita anteriormente, presentó la realidad a la que se enfrentan y realizó un llamado a la comunidad internacional, aquella comprometida con la democracia, los derechos humanos y las libertades en el mundo, diciendo:

«El pueblo venezolano quiere y desesperadamente necesita un cambio. Sin él, Venezuela podría perder actuales y futuras generaciones a manos de la desnutrición, enfermedades contagiosas, violaciones de derechos humanos, corrupción y de la criminalidad»

Sabemos que él y su equipo no pueden hacerlo solos, necesitan de todos y cada uno de los venezolanos que añoramos vivir en paz y tranquilidad, que soñamos tener un país donde nuestros hijos puedan crecer libres y con todas las oportunidades abiertas para surgir y tener una vida digna.

Venezuela no necesita de un mesías y Juan Guaido no es uno. Lo que sí es, es el líder de quienes creemos que una Venezuela libre y democrática es posible, de quienes apostamos por las Instituciones y no por los caudillos, de quienes tenemos por causa garantizar los derechos humanos en nuestro país y mejorar las ondiciones de vida para nuestras familias, de quienes nos manifestamos contra el autoritarismo, la opresión, la simulación y el engaño, contra la dictadura y el enemigo común que tenemos. Lograr lo primero, acabar con lo segundo, estamos concientes, depende de todos.

Llegó la hora de los venezolanos. Llegó la hora de Venezuela.

[1] Arellano, Á. (2018). Florecer Lejos de Casa: Testimonios de la Diáspora Venezolana. Montevideo, Uruguay: Konrad Adenauer Stiftung.

[2] Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Institución que distribuye ayuda exterior de carácter no militar).

COLOMBIA: MANIFESTACIONES SOCIALES, DETONANTES Y GARANTÍAS

Por Comunicación Social publicado 2020-03-10

POR: EVELIN MONTOYA

El año 2019, especialmente su segunda mitad, significó en Latinoamérica el despertar de una democracia que se encontraba somnolienta. Esta democracia se avivó a través de sociedades inconformes con las decisiones de sus respectivos gobiernos, por la carencia de empatía de aquellos mandatarios que no lograron acatar la razón por la cual fueron elegidos, que distorsionaron su papel en los escenarios de poder sin percatarse de que las realidades que dirigen son aún más complejas de lo que su miopía social les permite observar.

La participación democrática implica responsabilidades más allá de la elección de dignatarios, ésta también implica control al ejercicio de sus funciones. Las irregularidades de un Estado contienen cargas compartidas, sus causas y consecuencias no recaen solamente en los hombros de los mandatarios; los mandantes, es decir la ciudadanía, también tienen injerencia sobre sus propios destinos y es imperativa su participación.

Esa es precisamente una característica bonita de las democracias: el asunto de la corresponsabilidad, el asumir las consecuencias de las propias decisiones cuando se vuelven agregadas e influyen en la vida de toda una nación. En este sentido, tomo distancia de las posturas que se encargan de señalar a un gobierno nacional como culpable de los infortunios públicos, y por el contrario, simpatizo con las que son conscientes de que un Estado funciona bidireccionalmente, aquellas que aceptan que tanto quien dirige como quien eligió esa dirigencia desempeñan papeles indispensables para el funcionamiento armónico de todo un país.

Existen tres elementos en común, que a mi parecer, se mezclan con las condiciones reales en las que se enmarcan las protestas actualmente, estos las hacen diferentes, más latentes y complejas que las registradas en siglos precedentes, entre dichos elementos se puede observar una evolución en cuanto a detonantes y garantías: internet, una clase media creciente, mayor cantidad de población juvenil. Existen elementos adicionales a los mencionados, sin embargo observar la naturaleza de las protestas a la luz de tales características permite abrir un debate amplio para su análisis.

Internet se ha consolidado como un legítimo protector de la democracia, esta herramienta ha formado a los primeros ciudadanos globales en la historia de la humanidad, quienes han desvanecido su idea de lo internacional para consolidar la de lo global, por lo tanto lo que sucede en un Estado ya no se queda en ese Estado, en cuestión de segundos es un asunto global y esto ya es una garantía. Es una garantía porque se visibilizan ante el mundo entero los abusos e injusticias que ocurran en medio de las protestas y las ponen bajo la mira de las organizaciones supranacionales, ONG y la comunidad internacional en general. También los efectos positivos de una manifestación social se pueden replicar e incentivar, aunque las realidades sean diferentes es innegable el efecto dominó que ellas tuvieron para América Latina a lo largo del tiempo.

El aumento de la clase media permite, a su vez, que más personas tengan acceso a la tecnología y a las comunicaciones, así, entre otras cosas, se forma un agregado de ciudadanos más activos y atentos a la convocatoria social; un contenido personal digitalizado es público y masificado. Su crecimiento contribuye al incremento de demandas sociales más exigentes con mayor capacidad de influencia. Es una clase que consume más, es más inconforme y exige más. Además es un nivel social con personas nuevas que temen volver a su condición de pobreza y este factor alimenta los reclamos al Estado.

Al paso de las generaciones, se ha visto como la población juvenil ha ido incrementando. En América Latina, si a una concentración cada vez más grande de población joven que demanda desarrollo -a sabiendas de la situación de cada país- no se le satisface sus necesidades básicas y libertades es más vulnerable a caer en la violencia, los disturbios y el extremismo. Por su activismo y visión de progreso los jóvenes han sido unos de los detonantes protagonistas en los movimientos sociales, ellos no se sienten la generación pos algo, los jóvenes de hoy en día son la generación pre algo y exigen cambios que se acomoden a su época, son personas cuya existencia está permeada de liberalismo y la incertidumbre que los inquieta les hace tomar medidas para apaciguarla, observan en el Estado uno de los principales verdugos de su libertad.

Al observar en un caso particular como el de Colombia y hacer un contraste entre el pasado y la actualidad, se pueden ver plasmados dichos elementos que son a la vez tanto detonantes como garantistas.

Viene a mi cabeza, entonces, realizar un recorrido general por un hecho en el cual se evidencia la mutación de las protestas en Colombia en contraste con el paro nacional que se llevó cabo el 21 de noviembre de 2019 y las marchas que le siguieron, La Masacre de las Bananeras que se tuvo ocasión entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928.

Para empezar, en esa fecha Colombia era un país en gran porción rural, con una población mayoritariamente de clase baja y claramente no existía internet. La carta de navegación era la Constitución Política de 1886, algo menos garantista que la actualizada Constitución de 1991. En este contexto se desarrolló una de las masacres más dolorosas del país. La matanza fue el desenlace de las protestas de los trabajadores de la multinacional estadounidense instalada en Colombia, United Fruit Company, en Ciénaga, Magdalena.

El 11 de noviembre de ese año 5.000 trabajadores se congregaron frente al edificio de la gobernación de Santa Marta (capital de Magdalena) para protestar de manera pacífica por los abusos a los trabajadores por parte de la compañía; no exigían algo del otro mundo: buenos tratos, pagos justos, honorarios nocturnos y dominicales, vacaciones e incapacidades por enfermedad. La fatiga de ser ignorados los llevó a realizar una huelga general a partir del día siguiente.

El Gobierno Nacional, preocupado por las implicaciones que dicha situación significaba para la economía del país y sus relaciones con EE.UU, comenzó a trabajar en las medidas para frenarla, así que militarizó la zona en la que se llevaba a cabo la huelga. Desde ese día, hasta el 5 de diciembre, se trató de llegar a un acuerdo entre la Gobernación de Magdalena y el Gobierno Nacional para buscar una salida negociada, pero al Gobierno le pesaron más los 30.000cop (aproximadamente 4.340usd en ese año) que a causa de la huelga estaba perdiendo la United Fruit Company por día, que obligar a esa compañía a subsanar las condiciones sociales injustas en las que se encontraban sus obreros.

De manera que ese 5 de diciembre a las 8:00pm se declaró estado de sitio y se expidieron tres decretos que, en primer lugar, obligaba a que se disolviera toda reunión mayor de tres individuos; en segundo lugar, se dispuso a ordenar fuego sobre la multitud si fuese el caso; y, por último, declarar a los protestantes como malhechores, revoltosos e incendiarios.

Transcurrió la noche. Los 3.000 huelguistas que se encontraban en la plaza pública de Ciénaga hicieron caso omiso a los mandatos de dichos decretos y permanecieron en protesta, hasta que a las 6:00am del 6 de diciembre ocurrió el doloroso desenlace. La multitud vociferaba su protesta y el capitán al mando les ordenó dispersarse, aseguró que en caso de no hacerlo ordenaría disparar.

Los trabajadores se negaron a obedecer, y el capitán cumplió su amenaza. ¡fuego! y al cabo de unos segundos la plaza era todo un tendido de cadáveres y huelguistas heridos. Las cifras oficiales datan de 13 muertos y 19 heridos; las reales aseguran más de 1.000 muertos. Esta tragedia pasó prácticamente inadvertida a nivel nacional, tanto así que en febrero se celebraron los carnavales de la región, el país sólo conoció este genocidio hasta agosto cuando Gaitán, un congresista que se oponía al Gobierno, lo debatió.

No hubo internet para globalizar la protesta, la comunidad internacional no se enteró en el momento; los huelguistas no eran jóvenes estudiantes solicitando más presupuesto para educación; pertenecían a una clase baja que al fin de cuentas no tenían nada qué perder porque eran los más expuestos al Estado y vulnerables ante las decisiones del Gobierno Nacional, ellos simplemente demandaban mejores condiciones laborales para subsistir dignamente. Estaban solos a merced del Estado, su protesta era social y pacífica, con fundamentos pero sin garantías.

Condiciones diferentes de las manifestaciones desarrolladas desde el 21 de noviembre del 2019 en Colombia, donde internet, la clase media y la población juvenil llevaban el timón de la situación. Fueron unas protestas de oposición, no de contribución.

Para empezar, las demandas de los marchantes no tuvieron un hilo conductor claro, su mensaje fue disperso y sin liderazgos sobresalientes. Para dar inicio al paro, los estudiantes, grupos indígenas y centrales obreras, aseguraron que protestaban para que no prosperaran dos reformas, que ni siquiera estaban formalmente en la agenda legislativa del país: una reforma pensional y una laboral; también demandaban más presupuesto para la educación a sabiendas de que el destinado en la actualidad ha sido el más alto en la historia del país, 44,1 billones de pesos colombianos (13.551.169.146,67 USD).

En términos generales el país se hallaba estable y las protestas parecieron ser más bien un “copiar y pegar” de las manifestaciones que se venían dando en otros Estados del continente. Este estallido social tomó ventaja a partir de algunas coincidentes circunstancias: la muerte violenta de líderes sociales y un bombardeo del Ejercito Nacional, el 5 de noviembre en Caquetá, contra un grupo de disidentes de las FARC-EP en el que murieron 8 menores de edad. Además, en medio de las protestas, se dio a conocer la muerte de un joven estudiante a manos del ESMAD (policía antimotines de Colombia) lo cual intensificó el ambiente de descontento social.

Este paro nacional, al contrario de la huelga de los trabajadores de las bananeras, poseyó todas las garantías que la tecnología, la Constitución Política de 1991 y las condiciones de la actualidad le pudieron ofrecer; sin embargo, las peticiones quedaron dispersas y sin una causa nítida, la única intención que quedó clara fue la manifestación de inconformidad en contra del Gobierno del actual presidente Iván Duque.

Lo que sucede, es un pugilato de facciones que han venido dividiendo al país desde la firma de los Acuerdos de Paz con la ex guerrilla FARC-EP; Colombia se ha ido convirtiendo, poco a poco y sin que la gente lo perciba, en un país cuya sociedad es pro-gobierno, apática u oposición pero sin criterios valiosos para tomar una postura. De manera que estamos frente a una masificación de opiniones con argumentos acomodados que obedecen, en parte, al papel que juegan las redes sociales.

Lo cierto de todo es que en los hechos ocurridos en medio de las protestas no hay diferencia entre un movimiento ciudadano y uno político, la línea diferencial se desdibuja. Las marchas han reflejado más bien una crisis en la gobernabilidad que una verdadera manifestación por la insatisfacción de necesidades y la demanda por resolverlas.

El paro nacional visibilizó cierto mecenazgo al que la sociedad colombiana está acostumbrada y el miedo de una clase media que salió de la pobreza a volver a ella, miedo alimentado por la opinión sin análisis e irresponsable de varios medios de comunicación y usuarios de redes sociales influenciados por alguna de las inclinaciones populistas que se disputan su hegemonía en el país. No se puede negar la existencia de una ineficiente redistribución de ingresos, ni los gastos burocráticos innecesarios que desembocan en corrupción, pero la democracia, economía y libertades de Colombia no estaban estancadas; existían problemas que, como función del Estado se estaba tratando.

Ha sido un paro nacional polémico, un paro que no refleja en su totalidad la realidad social del país, fue más bien la refracción de su situación política. Puede parecer contradictorio, pero un punto a favor de la ola de protestas que se desarrollaron en Colombia fue la multitudinaria convocatoria que hubo, la cual dio una percepción de unidad y hermandad, lastimosamente una inmensa cantidad de personas que salieron a las calles ni siquiera sabían por qué lo hacían.

Las protestas no deben ser el primer mecanismo de presión para que el Gobierno tome buenas decisiones o subsane las que ha tomado mal, la participación democrática por parte de la sociedad se necesita plenamente, debe ser constructiva e incontaminada de intereses partidistas o particulares.

Si se asumen las responsabilidades que cada rol implica, es posible asegurar que las protestas y las manifestaciones públicas que se han intensificado en toda América Latina no carecen de sentido, porque sería incoherente, y más para una región como ésta, que tales procesos sean el recurso de emergencia sin antes haber agotado las demás opciones democráticas de participación, elección y control.

No basta con manifestarse en contra de algo, las manifestaciones deben ser propositivas para que valgan la pena, y las propuestas de las que van cargadas deben estar, indudablemente, en coherencia con las realidades y contextos según sus demandas.

Cada agregado de ciudadanos que ha salido a marchar en los diferentes países del continente tiene definidas intenciones en defensa de sus intereses y satisfacción de necesidades, cada manifestación ciudadana ha tenido algún detonante que llevó la paciencia de las personas al tope y les hizo movilizar, esto es democracia siempre y cuando su valor sea, repito, propositivo.

Dicho esto, cabe reconocer que cada particularidad de las protestas sociales es válida e importante para los destinos democráticos, pero los ciudadanos no deben olvidar su carga en la responsabilidad del asunto frente al que se manifiestan. Mi posición siempre será, concordando con la del profesor argentino, José Emilio Graglia, la de que los ciudadanos son los primeros destinatarios, pero también los partícipes necesarios de las decisiones públicas, tal como bien lo expresa Friedman (2010)

La gente tiene una idea equivocada de desarrollo: piensa que su país es pobre y que los gobernantes, o cualquier otro grupo, son ricos, pero no porque haya fracasado y no haya sabido promover la educación, la innovación, el Estado de derecho y es espíritu emprendedor, sino sólo porque alguien está robando el dinero (…) y privando al pueblo de lo que es suyo. Muchas veces la gente tiene razón, alguien está robando, y entonces esa gente empieza a pensar que para ser prósperos lo que tienen que hacer es frenar a los que están robando, no construir una sociedad, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de una mejor educación, de un Estado de derecho, de innovación y empresas sanas.

Así las cosas, está clara la parte de responsabilidad de la sociedad civil respecto a las realidades de un Estado; que insisto, no se trata de culpables, sino, de responsables, la democracia cambia conforme las sociedades cambian. Ante todo, en una democracia, nuestra primera empresa es ser ciudadanos.

REFERENCIAS

Friedman, T. (2010). Caliente, Plana y Abarrotada. (N. Petit & A. Carantoña, trads.). Barcelona : Editorial Planeta.

ACERCA DEL INSABI

Por Comunicación Social publicado 2020-03-10

POR: JOSÉ LUIS PÉREZ CASTILLO Y ALEXANDRA DANIELA CID GONZÁLEZ

Los Movimientos Sociales han emergido a lo largo de la historia por múltiples razones, entre las cuales están los excesos de quienes detentan el poder, la desigualdad y sobre todo, la falta de justicia. En este sentido, podemos recordar que México se erigió como nación a partir de un movimiento social: el de la Independencia, y que cien años después, un México convulso vivió la Revolución de principios del siglo XX, la cual dio paso con regularidad a movimientos de distinta índole, tales como los intelectuales surgidos en los años treinta, caracterizados por la decepción de la etapa revolucionaria, algunos de los cuales habían sido parte de la gestación intelectual de la lucha de prensa revolucionaria antiporfirista; impulsores del racionalismo educativo (como José Vasconcelos, Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso, que propagaron el libre pensamiento y la defensa de las ideas de los Flores Magón)[1]; y la misma generación de 1915, formada por jóvenes intelectuales mexicanos que en ese contexto, fundaron el Partido Acción Nacional.

Es así que la lucha por los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de la ciudadanía han sido impulsados desde actores y organizaciones políticas nacidas de la sociedad y para la sociedad como lo es Acción Nacional, así como las que han enarbolado organizaciones campesinas, obreras o sindicalistas por mencionar algunas.

Ahora bien, esta sucesión de movimientos sociales ha variado en su forma, algunos han tenido manifestaciones pacíficas y otros radicales o violentas. Lo cual está estrechamente relacionado con los avances socioeconómicos, democráticos y políticos. Al respecto, resulta fundamental la consideración que hace María Guadalupe Moreno González, quien afirma que los movimientos sociales no obstaculizan el desarrollo de un país, sino que, contrario a la criminalización por parte del imaginario social, contribuyen al crecimiento de la ciudanía[2].

Es así, que la ciudadanía consciente de los retos a los que se enfrenta, se organiza a partir de realidades locales para buscar su transformación. Ejemplo de ello lo podemos ver en lo ocurrido a partir de 2011 en la comunidad rural indígena de Cherán, Michoacán, que se ha convertido en uno de los símbolos más descollantes de la posibilidad de resistir a la violencia de los cárteles de la droga y a la deforestación del territorio a través de la reconstrucción de una organización comunitaria autónoma. Movimiento que construye su éxito sobre la unidad de la comunidad, la solidaridad local y estrategias basadas en la movilización legal[3].

Pudiéramos decir entonces que los grandes movimientos del Siglo XX en México iniciaron así, a partir de ciudadanos que se organizaron en resistencia para transformar realidades: el pensamiento de los hermanos Flores Magón y la huelga en las minas de Cananea fuertemente reprimida, como antecedentes de la Revolución, la Ley Calles y la la opresión a los derechos de ejercer la religión de manera libre, como detonante del movimiento cristero, y las décadas de lucha de las mujeres por el reconocimiento de su ciudadanía, el derecho a votar y ser votadas y la igualdad de derechos constitucionales.

Podemos recordar también el navismo en resistencia civil pacífica al cacicazgo y al autoritarismo surgido en el San Luis Potosí de los años cincuentas y la feroz lucha por la democracia de Manuel J. Clouthier Maquío ante el claro fraude electoral de 1988.

Los estudiantes por su parte han constituido movimientos recordados por su resistencia a la represión, opresión y al autoritarismo, basta recordar lo sucedido en Tlatelolco en 1968, en uno de los momentos más dolorosos del siglo pasado y que representó un parteaguas en el despertar de la conciencia colectiva.

Recordemos también el movimiento zapatista y la guerrilla impulsada por el EZLN que en 1994 se pronunció por la defensa de los derechos indígenas, la democracia, la libertad, la justicia y en contra del neoliberalismo; y la transformación en el país a partir del avance democrático que representó la alternancia en el poder lograda en el año 2000.

En esta oleada de protestas sociales ininterrumpidas desde la revolución del México contemporáneo, podemos identificar las múltiples que en este México posmoderno se fortalecen día a día, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezada por el poeta Javier Sicilia, el movimiento estudiantil #YoSoy132, la respuesta social a la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, el estallido de las autodefensas, el movimiento provida, el que está a favor de los derechos de la comunidad LGBTTTI, la lucha permanente de las mujeres contra la violencia de género y aquellos que se organizan en torno a la defensa de las instituciones democráticas de este país como Chalecos México y el Observatorio Ciudadano, por mencionar solo algunos.

Los movimientos sociales han evolucionado, pero mantienen los mismos detonantes, la falta de justicia social, la lucha entre los que ejercen el poder y los que no lo tienen y cuando el dialogo no se ha establecido o no se ha dado respuesta a las demandas sociales. En una complejidad de demandas común en todas las regiones del mundo en las que el estado se ha visto rebasado para dar respuesta a grandes sectores de la sociedad, pueblos despojados de sus tierras, explotación de recursos naturales, la ausencia clara del respeto a la dignidad de la persona humana y la inseguridad[4].

Ante la fragilidad democrática que vivimos en el país, amenazada por la continuidad de vicios del antiguo régimen, actos de corrupción, debilitamiento de las instituciones y organismos autónomos, el ejercicio del gasto público en dadivas y el exceso en el uso del poder del ejecutivo federal han contribuido en la perdida de la confianza en la misma, se extiende la oportunidad del fortalecimiento de la democracia y las libertades a partir del factor común que ha provocado los grandes cambios en el país: la ciudadanía organizada.

En este sentido, las nuevas circunstancias tecnológicas potencian el alcance de los movimientos, y es que, gracias a ellas, un problema local se puede convertir en nacional e internacional, potenciando su impacto, conectando actores de diferentes latitudes y pluralizando así la voz de quienes se manifiestan en protesta.

«La dimensión ciudadana está en la naturaleza social, comunitaria, de la persona, y sólo puede cumplirse comunitariamente, socialmente. No se realiza en la dispersión sino en la vinculación»[5]. Manuel Gómez Morín

Ejemplo de ello son las marchas realizadas por Chalecos México que, en 2019 pudieron escalar su movimiento a nivel nacional e internacional gracias a las redes sociales, por medio de las cuales realizaron convocatoria abierta a quienes coincidieran con sus demandas (respeto a los derechos humanos, reconocimiento de los derechos políticos, un sistema legal que objetivamente garantice el ejercicio de ambos, las políticas del gobierno federal, entre otras), logrando reunir a miles de personas en diversas ciudades de manera simultánea para manifestarse marchando.

«…quien ejerce el poder tenga también la responsabilidad de respetar y garantizar los derechos de quienes disienten con él. Donde no hay convivencia de mayorías con minorías, donde no se respetan los derechos políticos y humanos y todos los miembros de la comunidad, no hay democracia»[6]. Manuel Gómez Morín

Los movimientos sociales como interlocutores o como expresión directa de la sociedad civil siempre entablaran una relación directa con el Estado, llegando incluso, a pesar de una posible acción violenta del Estado sobre el a incidir en el mismo, son la manifestación de la sociedad civil ante la sociedad política.

Para concluir, recordamos lo que afirmó Adolfo Christilieb Ibarrola:

«Hacen oposición democrática los ciudadanos que integran los partidos políticos que agrupan a quienes no comparten las tendencias políticas de un gobierno o consideran inadecuadas las medidas que el poder poner en práctica para la solución de los problemas de la nación».

Lo cual tiene absoluta vigencia en un momento de la historia de nuestro país, donde nuestra democracia se pone en riesgo a base de continuas decisiones que merman las Instituciones de este país, y la lucha histórica de miles de ciudadanos que dieron su vida por la democracia y las libertades. Por lo que la función de oposición democrática exige, no solo a los partidos políticos y a sus actores, sino, a ciudadanas y ciudadanos, conformar una alianza que permita, como hemos visto a lo largo de este brevísimo recuento, resistir para transformar, al ser contrapeso real ante el autoritarismo y la opresión y construir así, la patria que anhelamos en la que el acceso a la seguridad, la salud, la justicia y las libertades sean una realidad no solo para esta generación, sino también para las venideras.

[1] Caloca, Eloy LA CONDICIÓN MEXICANA POSMODERNA: UN NUEVO CONFLICTO ¿SER MEXICANO, SER POSMODERNO Y MEXICANO, O SER POSMEXICANO?. Razón y Palabra [en linea]. 2008, (62), [fecha de Consulta 18 de Febrero de 2020]. ISSN: 1605-4806. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520738015

[2]Moreno González, M. G. (enero-abril de 2014). Movimientos sociales y desarrollo en México contemporáneo. (U. A. México, Ed.) Espacios Públicos, 17(39), 93-104. doi:ISSN: 1665-8140

[3] Artículo de Opendemocracy.net “Movimientos Sociales en México:raíces locales, luchas globales” Recuperado de https://www.opendemocracy.net/es/movimientos-sociales-en-m-xico-ra-ces-locales-lucha/ el 28 de enero de 2020.

[4] Aguilar García, F. J. (2019). Los movimientos sociales en la vida política mexicana (Primera Edición ed.). (I. d. Sociales, Ed.) Ciudad de México, México, D. F. , México: Universidad Nacional Autónoma de México. doi:isbn: 978-607-30-1569-1

[5] Informe de la Convención Nacional, México, D. F. 25 de febrero de 1949.

[6] Fundación Rafael Preciado. (2012). Antología: Ideas Fuerza. Ciudad de México: FRPH.