La evaluación es un elemento que permite pasar del discurso político a la medición y efectividad, indudablemente con metodología e indicadores que demuestren el logro de los resultados y/o impacto, esta acción de evaluar posibilita dar valor al tomador de decisiones en la asignación de recursos, de ahí la importancia para la democracia en el México del siglo XXI, en un país donde existe diversidad de opiniones la combinación de datos con la experiencia del decisor permite pronunciamientos más racionales, durante la transición democrática se crearon organizaciones como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), pieza fundamental en la coordinación de la evaluación de la política social y la medición de pobreza, actualmente tiene un reto dentro del contexto político, en medio del debate de la austeridad y la variedad de actores de los diversos grupos de poder que se contradicen sobre la importancia del CONEVAL y su función, algunos asumiendo solo la perspectiva política cortoplacista sin considerar la evaluación como un ingrediente objetivo y racional para la toma de decisiones a largo plazo.

1. INTRODUCCIÒN

En estos días donde algunos actores políticos realizan conjeturas y proponen la desaparición o reasignación de la función de la evaluación de los programas sociales y medición de la pobreza que actualmente coordina el CONEVAL, a otras organizaciones públicas como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es crucial cerrar filas y explicar la importancia de la evaluación. Con la intención de reconocer que vivimos en un país con gran variedad de matices y contribuir a un México democrático acorde con las exigencias del siglo XXI.

En 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), el artículo 81 establece la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), encargado de coordinar la función de evaluar la política social, su función es proporcionar resultados creíbles, fiables y robustos, con capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza, que permita mejorar la toma de decisiones, además de generar un conocimiento sobresaliente al gasto asignado del presupuesto, utilizando metodologías y generando resultados útiles; constituye un relevante apoyo a la gestión pública y necesaria para el tomador de decisiones públicas (DOF 25-06-2018)

El fortalecimiento de la función de la evaluación es atribuible a las reformas legales, lo mismo que al cambio político, recordemos que México tránsito de un régimen autoritario a uno de competencia política, la historia nos permite afirmar que es en la pluralidad política donde se activan los pesos y contrapesos, de ahí emergieron la configuración e instituciones a cargo del seguimiento y evaluación de programas sociales. En 2014 se logró la reforma en la que se le otorgó autonomía constitucional al CONEVAL, pero hoy tenemos un gran pesar en vista que nunca llegó la ley secundaria.

2. ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN

En los años 50 del siglo pasado, Herbert Simon nos mostró que es indispensable confiar en la racionalidad humana, en la ciencia, en el progreso social, en el desarrollo económico, y tener la convicción de lograr un futuro mejor. En este sentido según Jones “Los problemas públicos que existen en una sociedad son el resultado de lo que la gente percibe como necesario. Algunas personas tienen problemas en común y se organizan y formulan demandas, y las demandas llegan a los que buscan representar al pueblo. (Estévez, 2013). “Los que tiene autoridad para tomar decisiones perciben y juzgan demandas, las decisiones son llevadas a la práctica, y los problemas públicos son afectados por estas decisiones, la gente reacciona a estas decisiones, alguna gente tiene reacciones comunes, las demandas vuelven a emerger, y así sucesivamente”. (Jones, 1977, Berro et al, 2013)

Por lo tanto, el objeto de las intervenciones púbicas es atender un problema o resolver una necesidad que es de interés público. El Estado dispone de recursos que debería ser administrados de manera eficiente y eficaz, Con el fin de optimizar el impacto de las políticas públicas sobre esos problemas. Los gobiernos son responsables de la utilización del gasto público como un instrumento para mejorar las condiciones de sus ciudadanos, de ahí surge que esas intervenciones deberán ser evaluadas. Como argumento William Kelvin “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre “ (Kelvin, 1883).

Dentro de este marco surgió la evaluación de las políticas y programas públicos en los países anglosajones, en estos países existen dos palabras con acepciones sinónimas: assessment (referido a personas) y evaluation (referido a intervenciones, programas, proyectos) esta combinación de palabras son esenciales en un mundo donde los recursos no alcanzan y los indicadores muestran el resultado o impacto de la resolución de problemas, sin embargo en castellano no existe esta diferenciación y solo se utiliza la palabra evaluación término que engloba las dos acepciones, reconocemos a México como un mosaico con una diversidad de problemáticas e igual posibilidad de soluciones.

3. CONCEPTOS

Según Peschard, “las políticas públicas son el conjunto de actividades, organizaciones e instituciones y relaciones de poder que influyen en la sociedad por medio de normas y leyes obligatorias para toda la sociedad. Para la definición de políticas públicas se requiere la participación política, que es la acción de las personas, que lleva a tomar las decisiones relacionadas con el poder y su ejercicio”. (Peschard, 1994)

Citó a Simon, “para resolver problemas no existe ningún secreto, los recursos tecnológicos son herramientas que ayudan en la automatización de la toma de decisiones en la gestión; interceder por reformar los procesos administrativos es defender un control democrático más efectivo sobre la Administración pública, el proceso de presupuesto debe ser un proceso racional, planteando los fines en términos medibles, considerando los niveles y las formas de servicio, además de analizar el tipo y cantidad de recursos que se precisan para conseguirlos, considera una tarea de investigación de gran alcance y dificultad si se pretende que la racionalidad posea un papel significativo, los problemas no pueden tener solución solo en base a juicio o solo a través de la experiencia, ya que estos suelen ser conjeturas” (Farr et al, 1999)

Desde esta perspectiva el diseño de las políticas y programas públicos procede de la identificación puntual acerca de las situaciones que intenta transformar, sus causas y efectos, la población objetivo o área de enfoque a los que va dirigido; La evaluación como una herramienta que permite evidenciar los resultados esperados, los medios para lograrlo y los elementos a través de los cuales operará; donde se puede identificar que los resultados tienen el impacto esperado y justificar que son capaces de alcanzar el propósito para el cual fueron creados, motivo por lo que la asignación de recursos fue una decisión racional.

“La evaluación se ha entendido como un medio para evidenciar los resultados o el impacto que genera una acción o conjunto de acciones. En el sector público, la evaluación se vincula a la identificación de las transformaciones generadas a partir de las políticas y programas públicos” (Ballart, 1993). La evaluación es un mecanismo multidisciplinar en el análisis de las políticas públicas y tiene como finalidad la apreciación de: la eficacia, eficiencia e impacto de los programas o políticas públicas, está se realiza en momentos concretos, evidentemente definidos de una intervención. Con esto, se busca valorar la pertinencia del elemento evaluado del programa o política, es fundamental que a fin de que las evaluaciones sean objetivas, deben ser llevadas a cabo por agentes y/o actores externos o ajenos a la implementación de la política o programa público. (CIDA, 2004).

“La política social se define como el conjunto de objetivos, regulaciones, sistemas y entidades por medio de las cuales el Estado se dirige a crear oportunidades y fortalecer instrumentos en términos de la equidad y la integración social, explora el contexto social, ideológico, económico e institucional en el cual el bienestar es producido, organizado y distribuido con el fin de garantizar el acceso de quienes carecen de recursos; el aseguramiento de individuos, familias y grupos contra determinados riesgos; y la protección a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad específicas”.(Rico de Alonso y Delgado, 2002).

4. ¿POR QUÈ EVALUAR?

A las administraciones públicas se les asignan recursos (presupuesto) que suelen ser limitados, el criterio de máxima eficacia-eficiencia debe prevalecer en la acción pública y la evaluación coadyuba en la generación de evidencias para el aprovechamiento de esta valoración. Por lo tanto, se muestra como variable primordial en la rendición de cuentas y en el reforzamiento democrático, también como como una figura para guiar el gasto público a la atención del problema o necesidad que le da sentido, con los objetivos definidos en la respectiva etapa de planeación y tener la certeza de si se están alcanzando, por lo que permite constatar y recopilar información notable y útil para el proceso de toma de decisiones. Dicha utilidad observada está vinculada a los intereses, incentivos y motivaciones de los distintos actores involucrados.

Utilizando un ejemplo burdo con la intención de ilustrar una problemática. Si un usuario busca dar solución a un problema de comunicación y considera que es a través del servicio de telefonía móvil, seguramente llevara a cabo una evaluación que le permitan medir o valorar con antelación el impacto de su decisión, considerando criterios de juicio. Pero ¿Quiénes serán los actores afectados? ¿Cuáles serán las actividades y elementos para considerar antes de adquirir un teléfono y/o contratar un plan de telefonía móvil?, ¿Quiénes puede ayudar en la toma de decisiones o debe ser una decisión personal? ¿Qué indicadores medirán la efectividad de comunicación?

En primer lugar, considerar a los actores emisor-receptor y después tendrá varias opciones, pero podría partir del análisis de las características técnicas y físicas del aparato, la disponibilidad de artículos en el mercado, incluir los planes disponibles y/o la diversidad de productos ofrecidos; probablemente tendrá restricciones como el presupuesto (costo) y el tiempo (duración del contrato). También será trascendente evaluar la implementación de la solución: si cumple con el proceso de comunicación, también durante el tiempo del contrato, tendrá que considerar posibles ajustes como la flexibilidad en la contratación (tiempo y/o plan), además la posibilidad de la renovación o cambio de aparato será relevante.

La cancelación anticipada es primordial en caso de no cumplir con el resultado y/o impacto esperado. Sin duda el actor principal será él decisor, puede optar por conjeturas o considerar variables que le permitirán una decisión racional, tomar en cuenta a las personas que se verán beneficiadas o afectadas con la decisión, considerar la opinión de expertos, de otros usuarios y considerar aún en menor medida por el posible conflictos de interés la opinión de las empresas que proporcionan el servicio.

Puede usar herramientas (matrices) para la toma de decisiones e indicadores para evaluar el servicio y medir la efectividad en la comunicación. Ciertamente también podría evaluar el diseño de la solución y rediseñar si fuese necesario el plan de comunicación, además evaluar la implementación es decir evaluación de procesos y al finalizar el contrato, con la intención decidir si continua con el servicio, medir y analizar el resultado y el impacto en la solución del problema, conocida como evaluación de resultados e impactos, seguramente usted podría implementar otra solución a esta problemática y lo relevante es la efectividad de la comunicación.

En la evaluación de programas y/o políticas públicas existen tipologías y dependerá de lo que se desea evaluar.

Los siguientes son criterios de juicio de valor para determinar que se quiere evaluar: Referentes: Estándar, eficacia, cobertura, eficiencia, pertinencia, viabilidad, y Otros: Sostenibilidad

Existen fundamentos de juicio de valor en la evaluación como son:

Interpretaciones: explicaciones sobre los hechos y datos.

Juicios: Valoraciones acerca de los hallazgos y sus interpretaciones

Recomendaciones: sugerencias sobre posibles líneas de acción. (Vínculo formal entre una evaluación y su uso)

Hallazgos empíricos. Hechos datos e información que se recoge.

5. EL CONEVAL

El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas (CONEVAL, 2019).

Responsabilidades:

Definir, identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades.
Evaluación de políticas y programas sociales
Publicaciones institucionales: La información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de pobreza.” (CONEVAL, 2019).

El CONEVAL desarrolló metodologías reconocidas a nivel nacional e internacional, la tarea asignada es de gran relevancia, ciertamente como en todas las funciones áreas, procesos y metodologías existe la posibilidad de mejora continua, pero sin lugar a dudas es de vital importancia su permanencia.

6. CONCLUSIÓN

En conclusión la evaluación de las políticas públicas tiene la característica de utilidad y practicidad, son una herramienta que puede ayudar a diseñar y rediseñar la política social, mejorar los procesos o medir los resultados e impactos. Dependerá de la evaluación realizada y los fines para los que realice, no debemos olvidar que todo es perfectible, en aras de fortalecer la democracia y la rendición de cuentas. Es esencial la existencia del CONEVAL, y fomentar la cultura de la evaluación no solo de la política social sino de todos aquellos programas y políticas públicas en los que se destinan recursos públicos con el monitoreo y evaluación se pueden medir los avances en la disminución de la pobreza para verificar la efectividad y así tomar decisiones que permitan visualizar las soluciones desde otras perspectivas, al reconocer que todo es perfectible y existe la posibilidad de mejora basado en datos y como consecuencia la percepción de los ciudadanos será de un bien vivir.

Recordemos que el México del siglo XXI enfrenta retos y necesita de la pluralidad política para activar los pesos y contrapesos. Usar la evaluación como una herramienta por los diversos actores políticos para incidir en la toma de decisiones, la distribución del presupuesto con la búsqueda de orientar el gasto público, así como robustecer la cultura de la evaluación, fortalecer organizaciones con capacidades suficientes para evitar la ocurrencia.

“El camino andado resulta insulso si no se destina para andar mejor los que se asoman” (Martínez, 2013) y Citó a Habermas “La relación entre ciencia y praxis descansa, al igual que la existente entre teoría e historia, sobre una estricta diferenciación entre hechos y decisiones: la historia tiene un sentido en tan escasa medida como la propia naturaleza y, sin embargo, mediante una decisión adecuada podemos dárselo, intentando una y otra vez, con la ayuda de técnicas sociales científicas, que éste se imponga y prevalezca en la historia” (Mardones, 1991).

Referencias Bibliográficas

Edwards Deming, William, (1994) The New Economics for Industry, Government, Education, Massachusetts Institute of

Technology, Center for Advanced Engineering Study.

Diario Oficial de la federación (2018). DOF 25-06-2018).

Estévez, Alejandro (2013) El modelo secuencial de políticas públicas treinta años más tarde.

https://studylib.es/doc/4877615/el-modelo-secuencial-de-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-treinta-a%C3%B1os-m…

Jones, Charles O (1977). An Introduction to the Study of Public Policy, Ed. North Scituate, mass Duxburry Press 2^nd. Edition.

Berro, Mariano, Barreiro Fernando, Romano Claudia, Menéndez Walter (2013) Políticas Públicas Guía Didáctica Ed. Unión Europea.

Simon, H. A. (1955). “A Behavioral Model of Choice”, Quarterly Journal of Economics.

Simon, Herbert A. (2001) “¿Por qué la administración pública?”, Revista Economía Institucional, Bogotá, Universidad Externado de Colombia.

Estrada Gallego, Fernando HERBERT A. SIMON y La Economía Organizacional. Cuadernos de Economía, vol. XXVI, núm. 46, enero-junio, 2007, Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia.

Peschard, Jaqueline (1994) La cultura política democrática Ed. Instituto Federal Electoral, 1994.

Farr, James. John S. Dryzek, John S. Leonard Stephen T. (1999). La ciencia política en la historia. Madrid, España. Ediciones Istmo.

Kelvin, William Thomson (1883) Lecture on «Electrical Units of Measurement» (3 May 1883), published in Popular Lectures Vol I.

CIDA (2004). CIDA Evaluation Guide. Ottawa.

Rico de Alonso, Ana. Delgado, Adriana y otros. ( 2002) Familia, Bienestar y Políticas sociales – Un estado del arte. Documento Preliminar de consultoría al DABS. Febrero 15. Bogotá, Colombia.

Roth, A. N. (2008). Perspectivas para el análisis de las políticas públicas: ¿de la razón científica al arte retórico? Revista Estudios Políticos, (33), 67-91. Recuperado de http://www.redalyc. org/articulo.oa?id=16429061004.

Lindblom, Charles Edgard (1991). El proceso para elaboración de las Políticas Públicas. Ministerio para las Administraciones Publicas. España. Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa.

Martínez Espinoza, Manuel Ignacio (2013) Una propuesta de modelo para la evaluación de los proyectos de cooperación al desarrollo basado en el análisis de políticas públicas.

Mardones, José María(1991) Filosofía de las ciencias humanas y sociales: materiales para una fundamentación científica , Anthropos Editorial.

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/Informes/Informe_ASM_2018-2019.pdf

https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Paginas/Publicaciones-sobre-Medicion-de-la-pobreza.aspx

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Por Comunicación Social publicado 2019-10-29

POR JUAN FRANCISCO AGUILAR HERNÁNDEZ

Es un profundo honor tener la oportunidad de encabezar los esfuerzos del Partido Acción Nacional en San Luis, en la celebración de sus 80 años de historia. Estamos comprometidos con un trabajo fundamentado en nuestros principios de doctrina, en acompañar a los gobiernos y funcionarios emanados de Acción Nacional para lograr gobiernos honestos y cercanos a la ciudadanía y que respondan a sus necesidades. Entendemos esta responsabilidad y la asumimos.

Bien lo decía el fundador del partido Don Manuel Gómez Morín: “No estamos para llegar, para arribar en ningún sentido; estamos para ser. Para ser, cada uno de los hombres de Acción Nacional, de México, no unidad indiferenciada de una masa homogénea, sino lo que su más verdadera y valiosa naturaleza reclama”.

Es en este sentido que trabajamos comprometidos en la búsqueda del diálogo y la unidad para construir lo mejor para el partido, lo mejor para México.

TOMO 05 – OCTUBRE 2019

Por Comunicación Social publicado 2019-10-29

POR ALEXANDRA DANIELA CID GONZÁLEZ

Vivimos en una época en la que la palabra transformación se ha convertido en lugar común. Ha sido tomada como bandera que intenta reunir las legítimas exigencias de combate a la corrupción, transparencia, rendición de cuentas, seguridad, etcétera, en un constructo que se ha vendido como una barredora que cimbrará el sistema para ahuyentar (en una puesta en escena mágico-cómica) las oscuras fuerzas del antiguo régimen.

Lo que es posible advertir sin embargo, son las profundas inconsistencias en el discurso (“lucharemos contra la corrupción” vs “no soy vengativo”) y la incongruencia que exudan desde su arraigado origen pre transformacional (solo basta leer acerca del Director de la CFE quien una vez más se ha visto envuelto en un escándalo que a todas luces evidencia la falta de probidad de los emblemas de este sistema que pretendía tumbar al anterior).

Dice Zygmun Bauman “Los primeros sólidos que debían disolverse y las primeras pautas sagradas que debían profanarse eran las lealtades tradicionales… Para encarar seriamente la tarea de construir un nuevo orden (¡verdaderamente sólido!), era necesario deshacerse del lastre que el viejo orden imponía”.

La situación es que en lugar de disolver dicho lastre, rescatan la política más rancia que ha visto este país. La polarización, las prebendas, los privilegios, la dádiva paternalista, el desprecio por las instituciones, la medición y los mecanismos, se vuelven ahora un asunto en el cual entra todo a criterio del (otra vez) figura de un caudillo con halo incuestionable (so pena de linchamiento social y en redes de quienes no creen que el señalar y cuestionar es parte de la democracia). El espejismo de la disolución de los sólidos no es sino una descarada afirmación del status quo en el sedimento de estos.

A 80 años de su fundación, Acción Nacional tiene la responsabilidad histórica que tuvieron sus fundadores, en un entorno como en el que nos encontramos, la profunda reflexión sobre esta realidad no es pérdida de tiempo, es por el contrario condición necesaria para asumir el legado histórico que tenemos, con las convicciones de nuestros ideólogos, que sustentan el trabajo de nuestros gobiernos y que fundamentan nuestra propuesta, con el ejemplo de miles de hombres y mujeres que han sido ejemplo de liderazgo y trabajo permanente, e incluso de los errores que se han cometido, que nos obligan a retomar rumbo.

Acción Nacional inició con un grupo de jóvenes que creían en las Instituciones, en el respeto a la eminente dignidad de las personas centro de los derechos humanos y en la participación ciudadana como vehículo para la búsqueda del bien común.

Continuaremos por tanto en la convicción del diálogo y la unidad, valorando y apoyando la participación de ciudadanas y ciudadanos que estudian, se organizan y aportan en las organizaciones de la sociedad civil, escuchando a quienes no tienen acceso a ser escuchados, haciendo frente a la toma de decisiones autoritaria que atenta contra la república y la democracia, comprometidos en fin, al igual que la generación de 1915 en la búsqueda de una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos.

“UNA CUALIDAD DE LA JUSTICIA ES HACERLA PRONTO Y SIN DILACIONES; HACERLA ESPERAR ES INJUSTICIA”

Por Comunicación Social publicado 2019-06-24

POR LIDIA ARGÜELLO ACOSTA

La inseguridad pública que el día de hoy padecemos, es multifactorial, debido en primera instancia, a la falta de valores en la niñez y juventud, como consecuencia de la salida de los padres del hogar al trabajo, al tener que tratar de subsistir con el salario mínimo, dejando la educación a los abuelos, maestros, en el mejor de los casos; en segundo a la colusión de la delincuencia del fuero común con la delincuencia del crimen organizado; una parte importante también lo es, que la prevención del delito se ha dejado de atender, sin tomar en consideración que la prevención en la seguridad pública es un derecho humano, que es el medio para lograr la satisfacción de otros derechos y libertades básicas de las personas

Paralelamente, a los altos niveles de violencia en nuestro país, existen también altos índices de marginación y pobreza, casi el 66 % de la población se encuentran en marginación y pobreza, es decir no tienen acceso a la educación superior, sus carencias en salud y esperanza de vida, es por ello que resulta inevitable la correlación entre delito y pobreza.

Según el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas del 2014, el 85.9 de las perso nas en prisión, un mes antes tenían trabajo de baja calidad, y con el dato casi en común no haber superado 12 años de escolaridad, es decir, estudiaron hasta la educación básica (secundaria).

La seguridad pública es una función exclusiva a cargo de la Federación, es decir, del Presidente de la República, a los gobernadores(estados) y alcaldes(municipios), les corresponde la prevención de los delitos.

La seguridad pública comparte la naturaleza de los derechos sociales pues su fin no se limita a la lucha contra la delincuen cia sino que hay que crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas.

De acuerdo con las Naciones Unidas, la prevención del delito como parte de la seguridad pública debe de aplicarse de manera efectiva con coordinación entre los distintos órdenes de gobierno donde las comunidades más pequeñas dispongan de efectivos policiacos, compaginadas con políticas sociales de inclusión, sobre todo laborales, respuestas policiacas diferenciadas, dependo de la realidad del espacio local y con la participación activa de la comunidad.

Así en su informe para 2016, del grupo Multidisciplinario World Justice Projet, ubica a México en el lugar 88 de 113, respecto de la vigencia del estado de derecho y en Latinoamérica lo pone en el lugar 24 de 30.

En el informe de la Comisión de Derechos Humanos en 2016, señala que, las autoridades más señaladas como violatorias de derechos y libertades han sido la Comisión Nacional de Seguridad con 51 denuncias; la entonces PGR con 27 denuncias y la SEDENA con 18.

De ello, es indispensable la articulación de los modelos preventivos del delito como forma de anticiparse eficazmente a la gestación de la violencia, pero sobre todo el trabajo de colaboración entre autoridades y ciudadanos.

No obstante ello, y a pesar de que, la violencia se ha incrementado exponencialmente no solo en el estado sino en el país, la Presidencia de la República, responsable de la seguridad, en el Plan Nacional de Desarrollo, solo le mereció unos párrafos la exigencia de seguridad, ya que, al plasmar “Estamos aplicando ya un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad que se plantea como prioridades:

a.)- restarle base social a la criminalidad mediante la incorporación masiva de jóvenes al estudio y al trabajo para apartarlos de conductas antisociales;

b.)- recuperación del principio de reinserción social; fin de la “guerra contra las drogas” y adopción de una estrategia de prevención y tratamiento de adicciones;

c.)- impulso a procesos regionales de pacificación con esclarecimiento, justicia, reparación, garantía de no repetición y reconciliación nacional, y medidas contra el lavado de dinero e inteligencia policial.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada recientemente por el Senado de la República, establece los siguientes objetivos:

Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia,

2.- Garantizar empleo, educación, salud y bienestar

Pleno respeto a los derechos humanos
Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad.
Reformular el combate a las drogas.
Emprender la construcción de la paz.
Recuperación y dignificación de las cárceles.
Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz.
Repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas
Establecer la Guardia Nacional.

Si bien es cierto, son buenas intenciones que en eso quedan, si pretende el ejecutivo quitar prohibiciones en materia de seguridad pública que van desde no detenciones, la legalización de la marihuana, que abriría la puerta para la legalización de drogas sintéticas, que son las más letales en los consumidores, ello aunado a que la Guardia Nacional carece de un espectro normativo, el cual retrasara su conformación y accionar aproximadamente en 10 años, de acuerdo a personas encargadas de la puesta en marcha

Concibe el Gobierno Federal que la prohibición al uso de ciertas drogas, (“La “guerra contra las drogas”) debe de traer aparejado por el problema de salud pública hasta convertirlo en una crisis, la renuncia del Estado a su combate, y dedicarse a mantener el control de quienes ya las padecen, mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica, lo que aparejado puede generar en una crisis de seguridad pública, lo anterior con el argumento que la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas, reside en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas –masivos, pero personalizados– de reinserción y desintoxicación. Ello debe procurarse de manera negociada, tanto en la relación bilateral con Estados Unidos como en el ámbito multilateral, en el seno de la ONU, espectro que desde mi punto de vista habría que revisar dado que renunciar el Estado al combate de las drogas por el solo hecho de darle “seguimiento personalizado” es renunciar a que el resto de los ciudadanos tengan una seguridad pública, porque al no combatir los cárteles estarán en las calles ofreciendo su “mercancía”

No obstante, la llamada nueva estrategia de seguridad pública de este gobierno, el índice delictivo sigue en aumento, en San Luis Potosí, en el primer cuatrimestre del año 2019, tenemos de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), hay 16,343 denuncias; 310 homicidios, 154 homicidios dolosos; 1663 denuncias por lesiones; 8 Feminicidios; 13 secuestros; 194 violaciones; 5,127 robos; y un delito que nos manifiesta la descomposición que tenemos como sociedad, es el de violencia familiar que alcanzamos las 2,405 denuncias.

Hoy, como estado, estamos en los tres primeros lugares, de violencia, no logramos salir de los primeros cinco lugares en violación.

Los tres niveles de gobierno tienen como obligación coordinarse en bien de los ciudadanos, con la prevención de los delitos, ya que, aumenta la justicia por su propia mano de los ciudadanos y ello es ante el vacío de las autoridades.

LA MIGRACIÓN EN TIEMPOS DE AMLO: DELICADA SITUACIÓN PARA MÉXICO Y SAN LUIS POTOSÍ

Por Comunicación Social publicado 2019-06-24

A finales de mayo el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, anunció un arancel del 5% a México como castigo por la inmigración ilegal, señalando que el gravamen afectará a todos los productos a partir del 10 de junio y que éste, podría escalar hasta el 25% si la Casa Blanca considera que nuestro país no toma medidas contundentes para frenar a los migrantes que no tienen papeles, que prácticamente son todos.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador contestó con una carta, en la cual destacó 5 puntos claves:

“De antemano le expreso que no quiero confrontación”.

Explicando que ante cualquier problema grave siempre se tiene que recurrir al diálogo y a la responsabilidad.

“Los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas”.

Aludiendo a que por medio de una imposición no será posible solucionar un conflicto social.

“El lema “Estados Unidos primero” es una falacia”.

Enfatizando que ante cualquier nación y ante cualquier conflicto, prevalecerán la justicia y la fraternidad universales.

“Recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios”.

Detallando que la política se inventó para evitar la confrontación y la guerra.

“No creo en la Ley del Talión, en el diente por diente y en el ojo por ojo, porque si a ésas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos y tuertos”.

Anteponiendo el ideal de la no violencia para evitar siempre las controversias y enaltecer las soluciones pacíficas.

El Presidente Trump fiel costumbre, le respondió a López Obrador a través de un mensaje en Twitter en donde en pocas palabras, dice que “México se ha aprovechado de Estados Unidos” y aparte culpa a los demócratas de las débiles leyes migratorias de Estados Unidos. Lo cual representa un claro ejemplo de la estrategia y pugna electoral que tiene en contra de sus rivales políticos

El pasado 7 de Junio, los gobiernos de México y de los Estados Unidos se reunieron en Washington con la finalidad de llegar a acuerdos en dos rubros fundamentales: aranceles y migración.

En cuanto al tema migratorio se acordó lo siguiente:

– Reducir la migración irregular, mediante controles migratorios que incluyen el despliegue de seis mil elementos de la Guardia Nacional en toda la frontera sur.

– Instrumentación de la sección 235, lo cual se refiere a que todas las personas que crucen la frontera sur de los Estados Unidos, inmediatamente serán retornadas a México, donde podrían esperar la resolución de sus solicitudes de asilo; señalando que para los migrantes, México ofrecerá oportunidades laborales, acceso a la salud, educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio nacional, así como la protección a sus derechos humanos.

– Temporalidad, ambas partes acordaron que en caso de que las medidas adoptadas no tuvieran los resultados esperados, se tomarían medidas adicionales, estableciendo un lapso de 90 días (3 meses) para concluir y anunciar los resultados; pero, por igual, también se estableció un lapso de 45 días (1 mes y medio) para efectuar una primera evaluación y analizar si los acuerdos en la práctica han tenido éxito.

Derivado del acuerdo bilateral se desprende lo siguiente:

Los colectivos y las organizaciones de la sociedad civil defensores de los derechos humanos y personas migrantes, derivado de los acuerdos, se han pronunciado en contra para continuar con las mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Política Migratoria, señalando que no existe congruencia en cuanto a la política para los migrantes.

Mediante comunicado CCINM/02/2019, el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (CCINM) señaló como preocupante la atención relacionada a los flujos migratorios, así como su rechazo contundente a utilizar como moneda de cambio a las personas migrantes ante la amenaza arancelaria a productos mexicanos.

Contexto real y actual de nuestro país con respecto a la migración:

En 2019 el Gobierno Federal y la Cámara de Diputados decidieron reducir y eliminar los programas específicos para las y los migrantes deportados. como son:

Instituto Nacional de Migración, -23.17%
Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, -27.57%
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Apoyos Refugiados, -19.60%
Fondo de Apoyo al Migrante, -100% (300 millones de pesos)
Fondo para las Fronteras, -100% (750 millones de pesos).

Por tales motivos no existen condiciones, ni logística, planeación presupuestal ni mucho menos institucional para la atención adecuada a los flujos migratorios; tampoco para que México ofrezca oportunidades laborales, acceso a la salud y educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio nacional.

El Instituto Nacional de Migración ha decidido cerrar estaciones migratorias y despedir a su personal, debido a que su presupuesto ha sido reducido considerablemente, al grado de que en las estaciones migratorias son constantes los amotinamientos por parte de los extranjeros, ya que dichas estancias no reúnen las condiciones mínimas para garantizar los derechos humanos.

En San Luis Potosí, por ejemplo, no tenemos la capacidad para contar con médicos de planta que atiendan a las y a los extranjeros, teniendo que recurrir a pasantes de medicina que efectúen su servicio social.

La situación migratoria es un tema que a la LVII Legislatura de San Luis Potosí nos debe preocupar y ocupar, ya que por parte de las autoridades municipales se pretende instalar un Centro de Transferencia de Migrantes, los cuales sirven para transferir a todos aquellos asegurados por el Instituto Nacional de Migración dentro de la frontera sur. Con ello, estarían llegando a nuestro estado cerca de 500 migrantes cada 2 o 3 días.

Lo alarmante de la situación, hasta el momento, es la intención de situarlos en un gimnasio dentro de la Delegación La Pila, aunado a que colindaría con una escuela secundaria donde estudian aproximadamente 500 alumnos.

Es por ello que es importante analizar las condiciones de fondo y por igual hacer un llamado a los 3 niveles de gobierno para que tomen cartas en el asunto a la brevedad posible:

Al Presidente Municipal de la capital Xavier Nava Palacios, al Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López y a los representantes del Gobierno Federal en San Luis Potosí, Gabino Morales y Yolanda Camacho la Delegada Federal del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, para que no permitan la instalación de este centro de transferencia de Migrantes en tierras potosinas por lo siguiente:

Porque el espacio no cumple con la especificaciones para brindar el servicio que se merecen los migrantes sin violentar los derechos humanos.
Porque no se tiene presupuesto para lograr hacer funcionar este centro en sus mejores condiciones.
Porque aquí estamos defendiendo el interés de los potosinos y estoy convencido que la zona geográfica donde lo quieren ubicar justo a un lado de una escuela secundaria no son las óptimas condiciones.

Ojalá y en la medida de lo posible, el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales se den cuenta de la magnitud del problema que se avecina para nuestro país, al no tener una planeación presupuestal y social dentro de los procesos que conlleva una política migratoria.

Las consecuencias de no tener garantías pueden desembocar en un sinfín de problemas sociales, de acceso a la salud, de educación, seguridad pública y de derechos humanos.

LA REFORMA EDUCATIVA

Por Comunicación Social publicado 2019-06-24

La reforma educativa aprobada en el Congreso de la Unión es un cambio sustancial que tanto en fondo como en forma contiene avances importantes pero que al final y a partir de la decisión unilateral de Morena de pactar con la CNTE perdió mucho de su valor.

Para empezar, es importante que se sepa que de la iniciativa del presidente de la República quedó muy poco. Eran 17 iniciativas dictaminándose conjuntamente en parlamento abierto y los mayores logros y avances provinieron principalmente de la iniciativa que presentó la oposición junto con el colectivo Red Educación Derecho (RED), integrado por especialistas, académicos e investigadores de instituciones tanto públicas como privadas.

A partir del conjunto de iniciativas y del debate abierto se elaboró un dictamen inicial, que fue redactado y consensado por todas las fuerzas políticas y por todos los actores del sistema educativo: especialistas, maestros, académicos, organizaciones de la sociedad civil e incluso estudiantes. Se quitaron los errores que venían de la iniciativa presidencial como la eliminación de la autonomía universitaria y de la educación inicial. Se impulsaron y se lograron incluir otros temas; aspectos trascendentes como la igualdad sustantiva, la educación superior y especial, la educación pluricultural y plurilingüe y el acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología. El dictamen cambiaba la palabra calidad por la palabra excelencia, pero no cambiaba el objetivo de mejora continua, dejando en el centro de todo el sistema educativo el interés de las niñas, niños y jóvenes de México.

Ante el consenso de todas las fuerzas políticas y de todos los actores involucrados el dictamen fue turnado al pleno, pero el día que se votaría en la Cámara de Diputados, la CNTE tomó las instalaciones. Entre la fortaleza de los sindicalizados y la debilidad del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, se canceló la sesión y lo mismo sucedió las dos sesiones posteriores, en un hecho inusitado para el Congreso mexicano.

Durante esos días hasta el presidente de la República, en un claro atropello a la autonomía con la que se deben conducir los Poderes dentro de una democracia, opinó que los diputados no debían sesionar en una sede alterna y que se debían alcanzar consensos con la CNTE. No está de más mencionar que la alianza electoral con la CNTE es de Morena y de López Obrador; ni los partidos de oposición, ni los académicos, ni los estudiantes tienen que ver con eso y el dictamen fue modificado para que, en un evidente retroceso histórico, se abriera la puerta para que regresara el control de las plazas a los sindicatos y se cumpliera con la alianza electoral entre el presidente López Obrador y la CNTE.

La prueba está en el párrafo octavo y en el apartado décimo sexto transitorio del decreto, donde se emplea la terminología utilizada en el Artículo 123 Apartado B y se equiparan los criterios de promoción y reconocimiento laboral con los estipulados en la ley reglamentaria de dicho artículo, abriendo la posibilidad de interpretación para que regrese el escalafón corrupto de las comisiones mixtas, donde el 50% de las plazas son controladas por el patrón y la otra mitad por el sindicato.

LOS DAMNIFICADOS DE LA LEY

Los damnificados son los estudiantes que una vez más se quedaron detrás de los intereses laborales en el sistema educativo y también los buenos maestros porque se abre la posibilidad de que su estatus laboral quede sujeto a criterios de los líderes sindicales. Lo que aprobó Morena fueron los acuerdos a los que llegó con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y no los cimientos del proyecto educativo que tanta falta le hace al país.

La CNTE no hizo propuestas durante los procesos de dictaminación y de Parlamento Abierto en los que todos los actores presentaron sus preocupaciones y sus propuestas, tampoco habló de educación ni de mejoras al sistema educativo, su batalla fue en las calles y con el único fin de que les regresara el control de las plazas. Morena cedió y evidentemente pactó a espaldas de los mexicanos. Les pagó a sus aliados electorales el apoyo electoral abriendo la puerta a la venta y tráfico de plazas y dejando claro que la razón para este gobierno está más cerca del chantaje electoral que de la mejora de México.

¿Y EL PRESUPUESTO?

Por otra parte, la reforma tiene otro gran problema de raiz que podría terminar con ella incluso antes de ser implementada: no se conoce su impacto presupuestal ni su viabilidad financiera.

En el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se deja claro que es obligación del Ejecutivo Federal presentar el estudio de impacto presupuestario y en una reforma en la que el Estado adquiere nuevas obligaciones que cubrir es indispensable que se calculen los costos.

Hablar de una reforma educativa no debería involucrar hablar de quién o quiénes controlan las plazas laborales. En cualquier país civilizado se da por sentado que serán los más competentes los que tengan los puestos y una reforma educativa sería sobre objetivos, contenidos y alcances de la educación. Sin embargo, en el México de la “Cuarta Transtornación” es el control de las plazas el centro de la reforma educativa y además, ni siquiera sabemos qué alcances tendrá, porque no sabemos si el Estado podrá asumir los costos de lo que se propone en la reforma.

Lo bueno queda opacado en el territorio de lo turbio y en un proceso desaseado, con pactos a espaldas del Congreso y sin siquiera dar a conocer con antelación las modificaciones al dictamen Morena aprobó sus pactos con el voto en contra del PAN. No puede existir virtud alguna en lo que se pacta de espaldas a los mexicanos y en donde se entrega el sistema educativo a intereses laborales.

Es curiosa la apuesta de Morena porque mientras el presidente López Obrador presume la cantidad de afiliados a los programas sociales clientelares, se deja la educación en manos de aquellos que la convirtieron en un agencia de colocación de empleados y descuidaron por completo la calidad educativa y a los niños y jóvenes. No hay testimonio de un solo país que haya salido de la pobreza con los métodos clientelares a los que apuesta Morena y sin embargo, prácticamente todos los ejemplos que existen sobre países que superaron la pobreza están directamente relacionados con el cuidado e inversión en el sistema educativo y la economía del conocimiento.